Tutela Banco de Bogota

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL


Magistrado Ponente:
ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ


Bogotá, D. C., once (11) de marzo de dos mil diez (2010).-
(Discutido y aprobado en Sala del 10 de marzo de 2010).-


Ref.: 1100102030002010-00320-00

Se decide la acción de tutela promovida por BANCO DE BOGOTÁ S.A. contra la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior delDistrito Judicial de Bogotá, integrada por los Magistrados LUZ MAGDALENA MOJICA RODRÍGUEZ, CARLOS JULIO MOYA COLMENARES y RUTH ELENA GALVIS VERGARA.


ANTECEDENTES

1. La entidad accionante, obrando a través de representante legal y por conducto de apoderado especial, manifiesta que los funcionarios judiciales acusados, al resolver la segunda instancia del proceso ordinario que los señores TERESADE JESÚS RODRÍGUEZ DE GORDILLO y LUIS FELIPE CELIO GORDILLO GORDILLO entablaron contra BANCO DE BOGOTÁ S.A., incurrieron en un proceder que le vulnera el derecho fundamental previsto por el artículo 29 de la Constitución Política.

2. Para fundamentar la acusación señala que ante el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá se presentó demanda orientada a que se declarara que el bancoaccionado es “responsable contractualmente por el presunto incumplimiento de la obligación de “custodia” de los dineros depositados en la cuenta corriente” abierta en virtud de contrato celebrado con los demandantes, porque para “la segunda quincena de octubre” de 2004 existía en aquélla cuenta la cantidad de $6.800.000 y “en el mes de noviembre de 2004” se redujo a la suma de $19.000, sin que laentidad bancaria hubiese resuelto de manera favorable la respectiva reclamación (fl. 1, cdno. 1).

El actor constitucional afirma que aunque se opuso a las pretensiones de la demanda indicando que “según los registros electrónicos y contables todas las operaciones realizadas con tarjeta débito -bien sea a través de cajeros, servilínea o Internet- (art. 68 del C. Co.; art. 10 de la Ley 527 de1999) fueron exitosas, como quiera que los mencionados [soportes] evidenciaron que se utilizó, además del plástico pertinente, la clave o NIP secreta del demandante”, el funcionario del conocimiento dictó sentencia que acogió las pretensiones de los demandantes y le impuso las condenas de rigor (fl. 1 y 2). El Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2009, confirmó elfallo apelado.

Censura el accionante el proceder de la Sala Civil de Decisión acusada porque, en síntesis, se apoyó en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que resolvió un caso “bastante distinto [suscitado] por el pago de cheques falsos perdidos por el cuentacorrentista, (…) supuso la existencia de normas que consagran responsabilidad objetiva por los hechos aducidos por la partedemandante, (…) pretermitió toda la prueba documental aportada”, desconoció las reglas particulares contenidas en la Ley 527 de 1999 sobre mensajes de datos, desautorizó “algunas cláusulas del contrato celebrado entre las partes [al] calificarlas de abusivas” con base en preceptos que “resultaban totalmente inaplicables al caso”, y violó, además, el régimen legal en materia probatoria contenido enlos artículos 177, 185 y 187 del C. de P. C. (fls. 3 a 8).

3. Solicita, por tanto, que se “deje sin efecto” la indicada sentencia de segunda instancia “para que en su lugar se ordene al referido Tribunal decidir el recurso de apelación mencionado, teniendo en cuenta la normatividad y jurisprudencia estrictamente aplicable al caso, como también las pruebas que regular y oportunamente fueronaportadas al proceso” (fl. 10).

4. El 1º de marzo de 2010 se admitió a trámite la queja presentada y se ordenaron las notificaciones necesarias a los funcionarios acusados, así como a los intervinientes en el memorado trámite.


CONSIDERACIONES

1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporación, que, en línea de principio, la solicitud de amparo no procede...