Caso Granado Jorge CSJN

Opinión del Procurador General de la Nación.

El recurso extraordinario del que se me corre vista se dirige contra la sentencia de la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que rechazó el recurso de hábeas corpus oportunamente interpuesto por la actora (ver p. 184, fallo 84.718).

Relata el apelante que por medio del dec. 2049/85 el Poder Ejecutivo nacionaldispuso la detención del mayor Jorge H. Granada, así como también la investigación de los hechos que allí se aluden.

Posteriormente, continúa señalando, fueron dictados los decs. 2069/85 y 2070/85, el primero de los cuales declaró formalmente el estado de sitio en todo el territorio Nacional y el segundo dispuso nuevamente la detención del beneficiario, invocando, esta vez, las facultadesotorgadas al Presidente por el art. 23 de la Constitución Nacional.

I. En el escrito inicial destinado a impugnar esas medidas se cuestionó tanto la legitimidad del estado de sitio como la razonabilidad de la detención. El primero de dichos planteos, fue rechazado por el juez de 1ª instancia, quien admitió el segundo, por considerar que no existía relación entre la situación que motivó la declaración deestado de sitio y las razones alegadas para ordenar la detención.

Habida cuenta de que el agravio relativo a la legitimidad de la declaración del estado de sitio no se mantuvo en las siguientes instancias, la cuestión a resolver en ésta se limita a la determinación de los alcances de las facultades del Poder Judicial para examinar la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo.

Si bien el escrito enque se dedujo dicho recurso no exhibe la precisión deseable para un planteo de esta naturaleza, entiendo que la apelante propone una interpretación del texto del art. 4º, inc. 2º de la ley 23.098, según la cual, el control de la correlación entre la orden de arresto y la situación que dio origen a la declaración del estado de sitio supone que, en cada caso, el Poder Ejecutivo debe definirconcretamente las razones por las cuales fue ordenada la detención, y eventualmente acreditar su veracidad, de modo tal que los jueces puedan luego examinar, según su propio criterio, si se justifica o no la medida dictada.

A mi juicio, la tesis sustentada por el recurrente se apoya en un análisis focal, que parte de la consideración aislada del texto del referido inciso, desvinculándolo del resto delordenamiento jurídico y que, además, desatiende la larga elaboración jurisprudencial y doctrinaria, que permite arribar a una inteligencia coherente con la forma en que la Constitución define la misión del órgano judicial cuando se trata de revisar los actos de los otros poderes.

A mi modo de ver, las 2 notas básicas de nuestro sistema constitucional que se vinculan más estrechamente con el temaen análisis son, por un lado, el principio general que hace derivar la legitimidad de toda autoridad de la voluntad popular y, por el otro, el que sustenta todas las disposiciones que crean límites tendientes a evitar la formación de poderes omnímodos.

Dicho de otra manera: todo poder proviene del pueblo, pero ese poder no puede ser ejercido en forma despótica, arbitraria o descontrolada.

Dentrodel delicado sistema de balances y contrapesos que articula la Constitución, al Poder Judicial se ha atribuido el rol de custodio de los principios permanentes del sistema de convivencia adoptado y, para que sus miembros puedan cumplir con eficacia la misión encomendada, se ha procurado asegurar su independencia garantizándoles la inamovilidad en el cargo y la intangibilidad de susremuneraciones.

En cambio, las atribuciones para dar solución a los problemas de la comunidad mediante normas generales y abstractas, o a través de decisiones concretas e individualizadas que atiendan de modo inmediato a la satisfacción del bien común, fueron conferidas a los órganos que se renuevan periódicamente por vía electoral, pues se entiende que ellos son los que van a expresar con más exactitud la...