Aborto. Síntesis de la acción de inconstitucionalidad 146/2007, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México)

Acción de inconstitucionalidad 146/2007
y su acumulada 147/2007.
Lic. Jorge Arriaga Chan Temblador.

El estado como garante de la sociedad está obligado a preservar el orden, la paz y la estabilidad social, salvaguardando el ejercicio pleno de las garantías individuales reconocidas constitucionalmente, también conocidas como derechos humanos en los instrumentos internacionales.
Es poreso que, a través de las facultades que constitucionalmente les fueron delegadas, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Procurador General de la República, promovieron acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la reforma a los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal para el Distrito Federal, así como la adición de los artículos 16 Bis 6, tercerpárrafo, y 16 Bis 8, último párrafo, de la Ley de Salud para el Distrito Federal, realizadas mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la entidad de veintiséis de abril de dos mil siete, expedido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió por mayoría de ocho votos declararla constitucionalidad tanto de la despenalización del aborto, como de las disposiciones legales que prevén que éstos se practiquen por instituciones públicas.
Para sustentar su fallo, los Ministros del más Alto Tribunal expresaron en síntesis las siguientes consideraciones:
1. Que en la Constitución Mexicana no se establece un derecho a la vida, al valor de la vida o alguna otra expresión quepermita determinar que la vida tiene una específica protección normativa; por lo que no podía considerársele como un derecho que goce de preeminencia frente a cualquier otro derecho.

2. Que ningún instrumento internacional de derechos humanos aplicable en el estado mexicano reconoce el derecho a la vida como un derecho absoluto; ya que sólo exigen que se cumplan y respeten las garantíasrelacionadas con la no privación arbitraria de la vida y las vinculadas con la aplicación de la pena de muerte.

3. Que el legislador puede decidir discrecionalmente cuáles conductas penalizar, siempre y cuando lo haga mediante los procedimientos establecidos, respetando las limitaciones de contenido establecidas por ciertos derechos fundamentales. Lo anterior, en virtud de que el legislativo estáen libertad de despenalizar conductas que han dejado de tener a su juicio un reproche social. (Como consecuencia, debían respetarse los motivos señalados por el legislador, consistentes en que la reforma pretende acabar con el problema de salud pública derivado de la práctica de abortos clandestinos, permitiendo que las mujeres interrumpan voluntariamente su embarazo en condiciones de higiene,salud y seguridad, garantizándoles un trato igualitario).

4. Que el embarazo no deseado tiene consecuencias permanentes y profundas para la mujer, independientemente del apoyo con que cuente durante y después del embarazo.

5. Que no se discriminó a las menores de edad en el ejercicio de sus derechos, ya no existía motivo para que el legislador hiciera distinción expresa en caso de abortos enmenores de edad, puesto que tal supuesto está previsto en las normas de salud del Distrito Federal.

6. Que en las normas impugnadas no operó ningún cambio en el bien jurídico tutelado (la vida en gestación), sino que únicamente se modificaron las circunstancias en que se le protege.

7. Que el legislativo local cumplió con la obligación de justificar expresamente las razones por las cualesestableció las penas correspondientes, tanto en abortos autoinducidos, como en abortos consentidos y forzados.

Por su parte, los tres ministros que disintieron de la mayoría (a saber: El Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano –quien fue el ponente original-, el Ministro Mariano Azuela Güitrón y el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia), formularon voto de minoría, manifestando que las...