accion de amparo
Páginas: 13 (3143 palabras)
Publicado: 3 de noviembre de 2014
TEMPORANEIDAD DE LAS ACCIONES DE AMPARO EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
por Pedro A. Prado
Buenos Aires, 01/03/02
Se discute en doctrina el alcance del inc e) del art. 2 de la la ley 16.986, que establece: “La acción de amparo no será admisible cuando: ... e)La demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha enque el acto fue ejecutado o debió producirse.”
Antes de la reforma constitucional de 1994 la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo ocasión de expedirse sobre el tema, en los autos Ruffolo, Leal y otros (Fallos tomo 307 pag. 1054, que está publicado en el sitio del Alto Tribunal en http://200.69.145.211 ).
En este fallo el dictamen del Procurador concluyó: “V.E. tiene dicho que laaplicación de los preceptos procesales, no puede exceder de una manera irrazonable los limites que impone el respeto de aquella esencial garantía, la cual requiere se brinde a los interesados ocasión adecuada para ser escuchados en sus razones (F. 292: 211)) pues si bien el contenido de las normas rituales posee su reconocida importancia, que exige su riguroso cumplimiento, su desnaturaliación, susobredimensionamiento por encima de su razón de ser, termina por convertir a esos imprescindibles preceptos en una suerte de trampas o valladares tendientes a frustrar el derecho constitucional del debido proceso.”
La Corte en voto único y de conformidad con dicho dictamen, interpretó que “si bien las cuestiones de orden procesal, aun regidas por leyes federales, no autorizan la intervenciónde esta Corte por la vía excepcional utilizada (Fallos: 299:186; 300:866; causa R. 372 “Riffolo Basilotta, Fausto R.“, fallada el 15 de mayo de 1984, y sus citas) , en la especie debe hacerse excepción a tal principio, pues, como lo destaca el señor Procurador General con fundamentos que esta Corte comparte, los jueces de la causa han desnaturalizado en forma inaceptable la norma procesal que fijala fecha a ‘partir de la cual debía computarse el plazo de 15 días para la presentación de la demanda. En efecto, el art. 20, inc. e), de la ley 16.986 dispone que el amparo no es admisible cuando “la demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince dias habiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse”, criterio que en resguardo del derecho de defensa delinteresado, exige que el plazo se cuente a partir del momento en que el accionante pudo objetivamente conocer la norma legal que considera lesiva, que no es otro que el de su publicación en el Boletín Oficial y no a partir de la promulgación de la misma”.
Valga recalcar que en el caso se cuestionaba la legitimidad de la ley 23.115 que, como se desprende del fallo, establecía a partir de supromulgación la derogación de una disposición dictada por el gobierno de facto, de modo tal que se le atribuían efectos jurídicos aún antes de su publicación. Se apartó entonces razonablemente la Corte de lo que expresa el art. 20 inc. e) de la ley 16.986 en cuanto establece que el plazo se computa desde que el acto fue ejecutado o debió producirse, pues en el caso ello habría tenido efecto aúnantes de la propia publicación de la ley
Con posterioridad a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, se volvió a analizar la cuestión en el Alto Tribunal, en la causa Video Club Dreams (Fallos v. 93 XXV), originada en una acción de amparo en la que se había declarado la inconstitucionalidad de los decretos 2736/91 y 949/92 y anulado la intimación al actor realizada en aplicación deesas normas, la Procuración del Tesoro de la Nación interpuso recurso extraordinario que fue concedido, basado entre otros argumentos en que la acción era extemporánea por no haber sido planteada dentro de los 15 días de haber entrado en vigencia dichos decretos, sino recién dentro de los 15 días de ser intimada a cumplir las obligaciones que emergían de los mismos..
Los distintos votos que...
por Pedro A. Prado
Buenos Aires, 01/03/02
Se discute en doctrina el alcance del inc e) del art. 2 de la la ley 16.986, que establece: “La acción de amparo no será admisible cuando: ... e)La demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha enque el acto fue ejecutado o debió producirse.”
Antes de la reforma constitucional de 1994 la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo ocasión de expedirse sobre el tema, en los autos Ruffolo, Leal y otros (Fallos tomo 307 pag. 1054, que está publicado en el sitio del Alto Tribunal en http://200.69.145.211 ).
En este fallo el dictamen del Procurador concluyó: “V.E. tiene dicho que laaplicación de los preceptos procesales, no puede exceder de una manera irrazonable los limites que impone el respeto de aquella esencial garantía, la cual requiere se brinde a los interesados ocasión adecuada para ser escuchados en sus razones (F. 292: 211)) pues si bien el contenido de las normas rituales posee su reconocida importancia, que exige su riguroso cumplimiento, su desnaturaliación, susobredimensionamiento por encima de su razón de ser, termina por convertir a esos imprescindibles preceptos en una suerte de trampas o valladares tendientes a frustrar el derecho constitucional del debido proceso.”
La Corte en voto único y de conformidad con dicho dictamen, interpretó que “si bien las cuestiones de orden procesal, aun regidas por leyes federales, no autorizan la intervenciónde esta Corte por la vía excepcional utilizada (Fallos: 299:186; 300:866; causa R. 372 “Riffolo Basilotta, Fausto R.“, fallada el 15 de mayo de 1984, y sus citas) , en la especie debe hacerse excepción a tal principio, pues, como lo destaca el señor Procurador General con fundamentos que esta Corte comparte, los jueces de la causa han desnaturalizado en forma inaceptable la norma procesal que fijala fecha a ‘partir de la cual debía computarse el plazo de 15 días para la presentación de la demanda. En efecto, el art. 20, inc. e), de la ley 16.986 dispone que el amparo no es admisible cuando “la demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince dias habiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse”, criterio que en resguardo del derecho de defensa delinteresado, exige que el plazo se cuente a partir del momento en que el accionante pudo objetivamente conocer la norma legal que considera lesiva, que no es otro que el de su publicación en el Boletín Oficial y no a partir de la promulgación de la misma”.
Valga recalcar que en el caso se cuestionaba la legitimidad de la ley 23.115 que, como se desprende del fallo, establecía a partir de supromulgación la derogación de una disposición dictada por el gobierno de facto, de modo tal que se le atribuían efectos jurídicos aún antes de su publicación. Se apartó entonces razonablemente la Corte de lo que expresa el art. 20 inc. e) de la ley 16.986 en cuanto establece que el plazo se computa desde que el acto fue ejecutado o debió producirse, pues en el caso ello habría tenido efecto aúnantes de la propia publicación de la ley
Con posterioridad a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, se volvió a analizar la cuestión en el Alto Tribunal, en la causa Video Club Dreams (Fallos v. 93 XXV), originada en una acción de amparo en la que se había declarado la inconstitucionalidad de los decretos 2736/91 y 949/92 y anulado la intimación al actor realizada en aplicación deesas normas, la Procuración del Tesoro de la Nación interpuso recurso extraordinario que fue concedido, basado entre otros argumentos en que la acción era extemporánea por no haber sido planteada dentro de los 15 días de haber entrado en vigencia dichos decretos, sino recién dentro de los 15 días de ser intimada a cumplir las obligaciones que emergían de los mismos..
Los distintos votos que...
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