Acoso laboral

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Omar Ahumada Mora
Abogado
Magister en Derecho Administrativo
Santiago de Chile, febrero de 2012.
Hace dos años atrás, escribí un artículo sobre “El acoso
laboral en la administración pública”, manifestando el interés en que se diera curso
a un proyecto de ley sobre la materia pendiente en el Senado de la República de
Chile, por la imperiosa y urgente necesidad de regular latipificación, las garantías
de protección vinculadas con la afectación a la salud y dignidad de las personas
en el ámbito laboral, el establecimiento de procedimientos eficientes, imparciales,
y con sanciones que inhiban en forma eficiente los comportamientos activos y
pasivos que tengan las características de acoso, en todas sus modalidades.
Por cierto, es necesario reiterar que el acoso laboral puedeinfringir garantías constitucionales como el derecho a la vida y a la integridad física
o psíquica; el respeto y protección de la vida privada y a la honra de la familia y la
persona; la libertad de conciencia; la protección de toda forma de comunicación
privada; la libre elección del trabajo; la libre contratación y el derecho a desarrollar
actividades económicas, etc. (Artículo 19 C.Política). Es decir, estamos frente a
infracciones a derechos fundamentales de las personas.
Ese proyecto de ley se encuentra, después de este tiempo
transcurrido, exactamente en el mismo estado, reposando sin avanzar. ¿Es
coherente esta situación con la existencia generalizada e impune del acoso
laboral, que en definitiva puede causar más daño que una injuria o calumnia, que
son figuras penales yaconsagradas latamente? ¿Es que acaso el terror
psicológico, la despersonalización, la depresión, el achatamiento de las relaciones
entre las personas, son menos importantes para la vida de una persona, cuya
dignidad está garantizada por la Constitución Política?.


 

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Es cierto que en el ámbito laboral privado existe ahora en
Chile un mecanismo de protección de los derechosfundamentales de los
trabajadores, que no es totalmente suficiente para el ilícito aludido, pero, con todo,
ese procedimiento no alcanza a los funcionarios del Estado, tal como lo ha
resuelto la jurisprudencia de nuestra Corte de Apelaciones de Santiago1.
Al respecto, los fallos han sugerido que el camino a seguir
en el caso de un funcionario público, es el Recurso de Protección, además de lossumarios administrativos, en tanto no exista otra vía judicial específica, ya que los
Juzgados Laborales no tendrían competencia para conocer y fallar en estos casos.
Por otra parte, la Contraloría General de la República ha
desechado reclamaciones interpuesta ante ella con motivo de situaciones de
acoso laboral, señalando que estos asuntos deben denunciarse al Jefe Superior
del Serviciopara que instruya un sumario administrativo en contra de los
responsable, y se aplique, si fuere el caso, la sanción administrativa que
corresponda. ¿Qué se hace cuando el acosador es precisamente el Jefe de
Servicio, o este tiene algún grado de participación? No podemos dejar de lamentar
la inexistencia de tribunales administrativos, que tengan competencia en esta
materia, como en muchas otras,con fórmulas que han diseminado el contencioso
administrativo en figuras hibridas dentro de la misma Administración, para
culminar posteriormente, como recurso final, en las respectivas Cortes de
Apelaciones.
En tanto se resuelven estos temas de falta de coherencia en la
orgánica del contencioso administrativo, con los remedios procesales existentes y
con una legislación insuficiente, queen todo caso hace que las personas que
trabajan en el ámbito público tengan un trato diferente en materia de dignidad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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