Adminstracion

I. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL CONTRIBUYENTE EN 
LA DOCTRINA NACIONAL
I.I. Garantía de legalidad del tributo o de la carga impositiva
Este principio constitucional se denomina también principio de reserva legal, y se consagra y regula principalmente en los artículos 19 N°20, 32 N°8, 60 N°14, 62 inciso 4 N° 1 de la Constitución Política de la República de Chile15.
En lo pertinente, elartículo 60 dispone que sólo son materias de ley, "las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley", y en su numeral 14, "las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República". Concordante con ello, el artículo 32 (que en su numeral 1 señala que son atribuciones especiales del Presidente de la República "concurrir a la formación de lasleyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas"), establece en el numeral 1 del artículo 62 que "corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para (1) imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión". Alrespecto, "el Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República" (inciso final del artículo 62). Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados (articulo 62 inciso 2 Constitución Política).Ésta es la más clásica de las garantías constitucionales del contribuyente. Se relaciona con el origen mismo del constitucionalismo, y en nuestro país está fundada en el artículo 19 numeral 20 de la Constitución Política, que al fijar el estatuto constitucional de los tributos determina que la ley es el instrumento por el cual éstos se regularán.
La doctrina comparada da cuenta del apotegma"nullum tributum sine lege" (o el viejo principio "no hay tributación sin representación" de los sublevados ingleses de la Gran Revolución y suscrito en La Carta Magna y elBill of Rights) en la exigencia de una ley formal, y no en su sentido material.
Es decir, fruto de las potestades constitucionales del Presidente de la República, establecida en el artículo 32 de la Constitución Política, en sunumeral 22, por el que le corresponde, "cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley", puede atreverse a dictar normas de carácter general cuyo contenido sea precisamente el reservado a la ley, argumentando que hace uso de su potestad reglamentaria autónoma (derivada precisamente del numeral 8 de dicho artículo, que establece que le cabe "ejercer lapotestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes") o derivada de la aplicación de la ley. En virtud de lo anterior, dicha norma reglamentaria sin embargo sería materialmente, más no formalmente, una ley. Y la exigencia esprecisamente que los tributos sólo pueden establecerse bajo la figura jurídica de una ley en su sentido formal. En consecuencia, a la autoridad administrativa le queda vedada la posibilidad de establecer tributos.
Lo anterior no debe ser confundido con la discusión relativa a si el principio de legalidad debe entenderse en sentido amplio o restringido. Respecto de este tema, quienes defienden lasegunda postura, señalan que es suficiente que la ley sólo establezca los aspectos esenciales de la regulación de los derechos o fijación de tributos (por ejemplo, Asté señala que serían éstos los sujetos y hecho gravado), pudiendo quedar el resto de la regulación en manos de la potestad reglamentaria. Al respecto, estimo que el principio de legalidad debe entenderse en sentido amplio, pues la...