ALEX CAROCA La Defensa Penal P Blica

PALABRAS PREVIAS
No siempre se tiene la oportunidad de participar en la elaboración de un texto legal que propone la creación de una nueva institución de trascendencia en su área profesional, luego dirigir el inicio de su implementación y ahora poder hacerlo en su difusión.
Es lo que afortunadamente acontece en mi caso con la defensa penal pública, regulada fundamentalmente en la ley Nº 19.178,Ley de la Defensoría Penal Pública (LDPP), con el añadido que este mismo tema, cuando aun estaba lejos de relevarse su importancia en Chile, constituyó el elegido para culminar mi formación académica en el extranjero.
Para que se haya producido esa providencial coincidencia, he debido contar en su momento con la confianza de muchas personas y autoridades, a las cuales me parece no puedo dejar deagradecer públicamente en esta oportunidad como lo he hecho siempre, porque todos quienes han podido conocerme saben que la lealtad es quizá el valor que más me he esforzado por tratar de cultivar a lo largo de todas mis actividades personales, académicas y profesionales.
Por eso, debo agradecer, en primer lugar, a las autoridades del Ministerio de Justicia en el período entre 1998 y 2001, que meotorgaron la responsabilidad de intervenir y luego prácticamente de dirigir los trabajos que culminaron con la promulgación de la citada Ley de la Defensoría Penal Pública, en marzo de 2001.
Luego, con especial énfasis debo necesariamente agradecer a su S.E. el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, al Sr. Ministro de Justicia, don José Antonio Gómez y al Sr. Subsecretario deJusticia, don Jaime Arellano Quintana, quienes me encomendaron la tarea de comenzar la implementación de un Programa de Defensoría Penal Pública, que sirvió de adelanto para, en abril del año 2000, asumir como primer Defensor Nacional.
En esta última tarea conté con la colaboración generosa de muchas personas, la mayoría de las cuales se siguen desempeñando en la nueva institución, que a pesar de susdifíciles comienzos, se ha levantado robusta, constituyéndose según muchos en el factor decisivo que ha marcado la diferencia con los demás procesos de reforma a la justicia a nivel latinoamericano, que no han contado en general con una institución semejante en recursos y organización, que paulatinamente han ido permitiendo la efectiva recepción en nuestro país de la oralidad y la modernización delos procedimientos judiciales, objetivos centrales de la Reforma Procesal Penal.
Finalmente, debo agradecer a la Editorial LexisNexis ConoSur, que desde hace algún tiempo ha venido confiando en mí para la publicación de un texto sobre esta materia, que pretende sobre todo ser una modesta contribución al éxito del proceso de incorporación de abogados particulares a la Defensoría Penal Pública, segúnel modelo original, de modo de integrar definitivamente a los profesionales liberales en el histórico proyecto de ofrecer a nuestros ciudadanos una mejor justicia penal.


El autor

CAPÍTULO PRIMERO
EL DEBIDO PROCESO COMO LÍMITE AL PODER PENAL DEL ESTADO
1. LAS NORMAS PENALES COMO PRIMER LÍMITE AL EJERCICIO DEL PODER PENAL
La doctrina penal y procesal penal más actualizada ha venido poniendo derelieve que en todo Estado es posible identificar un sistema penal, compuesto por “el conjunto de elementos que intervienen en la creación, aplicación y ejecución de las normas penales”, es decir, que permiten el funcionamiento del poder penal estatal. Este último, como se sabe, constituye la máxima expresión de ejercicio del poder soberano en cuanto persigue castigar a los responsables de lasconductas anómicas definidas en una sociedad como las más perturbadoras para el orden social, mediante la privación a esos autores de algunos de sus derechos personales más valiosos, tales como la libertad personal, la libertad de movilización, la propiedad sobre determinados bienes, etc.
La estructura, elementos y rasgos centrales del actual sistema penal, son producto de una larga evolución...