Amparo Civil Direco

ANALI BLANCO BARUCH
VS.
SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
AMPARO DIRECTO: 803/2006.

H. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO EN MATERIA CIVIL EN EL ESTADO.

ANALI BLANCO BARUCH, mexicano, mayor de edad, en calidad de Apoderado Legal del Tercero Perjudicado el señor VICTOR RAUSELL LAGUNES, como está acreditado en el Juicioprincipal, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Andador Violeta 15-B, Fraccionamiento Lomas Verdes, Código Postal 91097, Xalapa Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; autorizando de conformidad con el Artículo 27 de la Ley de Amparo, para que oigan y reciban notificaciones y se impongan de los autos al Licenciado GIANCARLO PATRACA CENTURION, así como al C.P.D.D.EDUARDO IVAN DE JESUS BENITEZ; ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito y con la anticipación correspondiente a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el diverso 167 de la Ley de Amparo, vengo a expresar, para que sean tomados en consideración al momento de resolver este Amparo en Definitiva, lossiguientes razonamientos lógico-jurídicos:

A L E G A T O S:

UNICO.- Es improcedente conceder el amparo y por ende decretar la nulidad de la Escritura Pública, planteada por la parte quejosa, como correctamente lo señaló el Ad Quem, conforme al artículo 228 de Código de Procedimientos Civiles, el actor debe probar plenamente su acción y en este caso resultan insuficientes las pruebasaportadas dentro del presente juicio, ya que no es cierto que el acto jurídico contenido en la Escritura Pública número 21753, de fecha 27 de diciembre de 1997, rendido por la señora YARELLI DEL CARMEN DOMINGUEZ BAEZA sea ilícito, si tomamos en cuenta que el artículo 1763 del Código Civil para el Estado, señala “””Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden Público o a las buenascostumbres”””, y como hasta la fecha no se ha establecido un criterio que defina lo que debe entenderse por orden público, en principio debe recurrirse a los criterios de interpelación secundarios y en este sentido debe entenderse que se altera el orden público cuando se priva a una colectividad, o se le causa un daño general a una colectividad de un beneficio que la ley le confiere, situación que eneste caso jamás ocurre, pues estamos en presencia de un acto jurídico particular con efectos privativos y en ningún momento se dañan los intereses de una colectividad, tal y como lo interpreta la siguientes tesis de Jurisprudencia: “”SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.- De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para queproceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respectode la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de laejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le...