amparo directo
Páginas: 5 (1176 palabras)
Publicado: 10 de junio de 2014
voto particular que formula el ministro josé fernando franco gonzález salas en EL aMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 226/2010.
En el amparo directo en revisión 226/2010, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del dieciocho de septiembre de dos mil trece, por mayoría de tres votos, con voto en contra formulado por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales, asícomo por mi parte, resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo al quejoso para los efectos precisados en la sentencia recurrida, toda vez que los mismos no fueron materia de agravio específico, y por tanto, deben quedar firmes.
La Sala llegó a dicha conclusión, bajo la consideración toral de que carecía de razón jurídica la autoridad recurrente al sostener que la naturalezade los actos dictados en la averiguación previa por la institución ministerial en el Estado de Colima corresponden a la materia penal, pues al margen de que esto pudiera ser o no correcto conforme a los cánones legales y doctrinales generalmente aceptados dentro de dicha especialidad, es un hecho que el legislador local soslayó toda referencia a la compresión técnica de la función del MinisterioPúblico, y engendró un concepto dentro del cual adscribió las actividades de éste para que en su totalidad y sin excepción alguna, formen parte de la función administrativa susceptible de provocar responsabilidad patrimonial del Estado objetiva y directa.
Asimismo resolvió que cualquiera que sea la naturaleza de la actividad ministerial desarrollada dentro de la fase de la averiguación previa, laLey de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima, la califica como administrativa para los efectos de su propio contenido, debe concluirse que los agravios de la autoridad recurrente son infundados, tanto el que formula con relación a la naturaleza presuntamente penal de su función ─sobre lo cual no se prejuzga─ como los restantes en los que argumenta la pertenencia de la etapa indagatoriaal proceso penal que, en su concepto no está sujeto al régimen de responsabilidad patrimonial, ya que aun cuando técnicamente así fuera, la regla omnicomprensiva a nivel local despojó de toda calificación individual a la variedad de actos desplegados por las autoridades estatales, para englobarlos indiscriminadamente bajo una sola definición legal.
En este sentido, me manifieste en contra de ladecisión que tomó la mayoría, ya que en mi opinión conforme al contenido del artículo 21 de la Constitución Federal, la averiguación previa forma parte del proceso penal, pues si ─por regla general─ la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales compete al Ministerio Público, esto significa que las diligencias ministeriales constituyen un presupuesto para laactuación de los juzgadores de esa materia, sin las cuales no podrían enjuiciar a quienes se les imputa la comisión de un delito, conformándose una unidad indisoluble entre la indagatoria practicada por la autoridad ministerial y las decisiones jurisdiccionales que deriven de la averiguación previa, fases en las cuales dicha autoridad asume en una primera etapa del proceso penal una funcióninvestigadora (averiguación previa) y en otra sucesiva, una condición de acusadora sometida a la potestad del juez penal (fase jurisdiccional).
De ahí que las actuaciones del Ministerio Público relacionadas con la investigación de los delitos deban considerarse como dictadas dentro de una etapa preliminar e imprescindible del proceso penal, a la cual le resultan aplicables los mínimos principiosrectores del proceso, entre los cuales se encuentra el de la imparcialidad, atributo que garantiza la actuación libre de designio anticipado, como una condición tanto o más necesaria de la que se exige a los juzgadores, porque la autoridad ministerial, al igual que éstos, ordena el desahogo de pruebas y demás diligencias para esclarecer los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, pero...
En el amparo directo en revisión 226/2010, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del dieciocho de septiembre de dos mil trece, por mayoría de tres votos, con voto en contra formulado por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales, asícomo por mi parte, resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo al quejoso para los efectos precisados en la sentencia recurrida, toda vez que los mismos no fueron materia de agravio específico, y por tanto, deben quedar firmes.
La Sala llegó a dicha conclusión, bajo la consideración toral de que carecía de razón jurídica la autoridad recurrente al sostener que la naturalezade los actos dictados en la averiguación previa por la institución ministerial en el Estado de Colima corresponden a la materia penal, pues al margen de que esto pudiera ser o no correcto conforme a los cánones legales y doctrinales generalmente aceptados dentro de dicha especialidad, es un hecho que el legislador local soslayó toda referencia a la compresión técnica de la función del MinisterioPúblico, y engendró un concepto dentro del cual adscribió las actividades de éste para que en su totalidad y sin excepción alguna, formen parte de la función administrativa susceptible de provocar responsabilidad patrimonial del Estado objetiva y directa.
Asimismo resolvió que cualquiera que sea la naturaleza de la actividad ministerial desarrollada dentro de la fase de la averiguación previa, laLey de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima, la califica como administrativa para los efectos de su propio contenido, debe concluirse que los agravios de la autoridad recurrente son infundados, tanto el que formula con relación a la naturaleza presuntamente penal de su función ─sobre lo cual no se prejuzga─ como los restantes en los que argumenta la pertenencia de la etapa indagatoriaal proceso penal que, en su concepto no está sujeto al régimen de responsabilidad patrimonial, ya que aun cuando técnicamente así fuera, la regla omnicomprensiva a nivel local despojó de toda calificación individual a la variedad de actos desplegados por las autoridades estatales, para englobarlos indiscriminadamente bajo una sola definición legal.
En este sentido, me manifieste en contra de ladecisión que tomó la mayoría, ya que en mi opinión conforme al contenido del artículo 21 de la Constitución Federal, la averiguación previa forma parte del proceso penal, pues si ─por regla general─ la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales compete al Ministerio Público, esto significa que las diligencias ministeriales constituyen un presupuesto para laactuación de los juzgadores de esa materia, sin las cuales no podrían enjuiciar a quienes se les imputa la comisión de un delito, conformándose una unidad indisoluble entre la indagatoria practicada por la autoridad ministerial y las decisiones jurisdiccionales que deriven de la averiguación previa, fases en las cuales dicha autoridad asume en una primera etapa del proceso penal una funcióninvestigadora (averiguación previa) y en otra sucesiva, una condición de acusadora sometida a la potestad del juez penal (fase jurisdiccional).
De ahí que las actuaciones del Ministerio Público relacionadas con la investigación de los delitos deban considerarse como dictadas dentro de una etapa preliminar e imprescindible del proceso penal, a la cual le resultan aplicables los mínimos principiosrectores del proceso, entre los cuales se encuentra el de la imparcialidad, atributo que garantiza la actuación libre de designio anticipado, como una condición tanto o más necesaria de la que se exige a los juzgadores, porque la autoridad ministerial, al igual que éstos, ordena el desahogo de pruebas y demás diligencias para esclarecer los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, pero...
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