Analisis de la Sentecia N°85 de la Sala Constitucional del 24/01/2002

Análisis Sentencia Sala Constitucional N°85 del 24/01/2002

SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero.

El tema que se vislumbra en dicha sentencia está referido a que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, admitió una demanda de derechos e intereses difusos o colectivos ejercida por el ciudadano César Antonio Balzarini Speranza, en su carácter dePresidente de la Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal (ASODEVIPRILARA), en contra de la Superintendencia de Bancos y Otros Instituciones Financieras, así como en contra del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU), que luego fue el INDEPABIS y ahora es la SUNDEE, por la abstención de los cumplimientos de sus actos yde los deberes que les imponen sus cargos, materializándose así la violación de derechos y garantías constitucionales que ha posibilitado que numerosos Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo otorgarán prestamos, con reserva de dominio, o quirografarios, denominados: Crédito Mexicano Indexado al Salario.
Señalan los demandantes que el denominado “Crédito Mejicano” es aquél cuyas cuotas de pagomensual son indexadas al salario y se otorga por un valor que puede representar hasta el sesenta y cinco por ciento (65%) de la vivienda, cuyo plazo máximo de pago es de VEINTE (20) años.
“Este tipo de crédito, es también llamado “Créditos Indexados” o “Créditos Flexibles”, y limitan al TREINTA POR CIENTO (30%) del Salario del Prestatario el monto destinado para el pago de las cuotas mensuales, yal no cubrirse el monto total de la cuota, el remanente es refinanciado automáticamente y de inmediato pasa a engrosar el capital debido (ANATOCISMO), esto es: ‘se capitalizan de inmediato los saldos de intereses no pagados en la cuota mensual respectiva’...”. Señala la sentencia.-
En síntesis los demandantes llegan a alegar el artículo 82 de la Constitución, el cual consagra el derecho de teneruna vivienda adecuada, el cual es una obligación compartida entre los ciudadanos y el Estado.
Y consideran que “jamás ni nunca la forma de orientar esos créditos por el sistema denominado Crédito Mejicano permitirá a la familia conservar sus viviendas, pues es evidente que no existe posibilidad real, verdadera, legítima y lícita de satisfacer el notoriamente desproporcionado beneficio que losBancos y las Entidades de Ahorro y Préstamo C.A. perciben de sus prestatarios por viviendas”.
Los demandantes solicitaron al TSJ se obligue a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras el cumplimiento de los numerales 3, 12, 14 y 15 del artículo 161 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, los cuales son la suspensión de operaciones ilegales, Lainspección, supervisión y vigilancia de los bancos y otras instituciones financieras, La adopción de las medidas necesarias para evitar o corregir irregularidades o faltas y la prohibición o suspensión de la publicidad o propaganda que realicen los bancos cuando a su juicio pueda confundir al público acerca de las operaciones que corresponde realizar según esta Ley, o pueda promover distorsiones graves en elnormal desenvolvimiento y competencia de los mercados financieros.
El apoderado de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, realiza toda una exposición respecto al sentido del Estado Social y Democrático de Derecho que consagra la Constitución para luego establecer las competencias que le son propias al organismo que representa, de acuerdo a las normas de rango legal,como lo son, la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.
El concepto de Estado de Derecho la actual Constitución le agrega el de Estado Social, tal como lo establece el artículo 2 constitucional, cuando establece que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores...