Análisis jurisprudencial


Análisis jurisprudencial


Sebastián Camilo Rueda Reatiga


2014


Constitucional colombiano


Wilson Castañeda Páez


Unisangil


Corte Constitucional, Sentencia C-822/05, Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa, 10 de agosto del 2005.)

1) Hechos relevantes.
La ciudadana Diana Paola Rubiano Meza demanda y previamente aclara que con su demanda no pretendecuestionar los registros o cacheos que realizan las autoridades de policía como parte de su labor preventiva, sino a controvertir la constitucionalidad de los registros encaminados a la investigación y juzgamiento de las conductas punitivas, dice que violan la dignidad humana en los casos en los cuales, “sin el consentimiento de quién está siendo sujeto a investigación,” se realizan sobre élintervenciones corporales, convirtiéndolo de tal forma no como un ser humano, sino como un objeto donde se encuentra la evidencia igualmente dice que violan el derecho a la intimidad de las personas, ya que la afectación legítima de este derecho solo puede hacerse cuando media la autorización de un juez. Sin embargo, las intervenciones corporales contempladas en las normas cuestionadas, quien decide sobre supráctica es el fiscal.

2) Aspecto jurídico considerado.
Proporcionales stricto sensu

3) Las partes.
Sujeto activo: Diana Paola Rubiano Meza
Sujeto pasivo:

4) Problema jurídico.
¿Resulta contrario a los derechos a la dignidad humana (Art. 1,CP), a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art.12, CP), a la intimidad (Art.15, CP), que cuando se trate de investigacionesrelacionadas con la libertad sexual, la integridad corporal o cualquier otro delito en donde resulte necesaria la práctica de reconocimiento y la realización de exámenes físicos, se obtengan muestras íntimas de las víctimas en las condiciones y con los requisitos previstos en el artículo 250 de la Ley 906 de2004?

5) Explicación del problema jurídico.
La Corte ha dicho que las limitaciones orestricciones en el ámbito del procedimiento penal deben ser adecuadas para lograr el fin buscado, deben ser además necesarias, en el sentido de que no exista un medio menos oneroso en términos de sacrificio de otros principios constitucionales para alcanzar el fin buscado y, por último, deben ser “proporcionales stricto sensu”, esto es, que no sacrifiquen valores y principios que tengan un mayorpeso que el principio que se pretende garantizar.
La jurisprudencia constitucional ha deducido este principio de proporcionalidad, entre otros, de los artículos 1, 2, 5 (del reconocimiento del carácter inalienable de los derechos de la persona), 6 (del establecimiento de la responsabilidad de las autoridades por extralimitación de las funciones públicas), y del 214 de la Constitución Política deColombia, que establece el requisito de proporcionalidad de las medidas adoptadas durante los estados de excepción.
La Corte aprecia que por su naturaleza y por la forma en que usualmente son aplicadas, estas medidas siempre implican la afectación de derechos fundamentales. Aun cuando es posible que con el avance de la ciencia, se desarrollen procedimientos, métodos y circunstancias que reduzcansu incidencia en los derechos fundamentales, la inspección corporal, el registro corporal, la toma de muestras íntimas y el reconocimiento y examen físico de las víctimas representan, dependiendo de las circunstancias en que deban ser practicadas, una afectación media o alta en el ejercicio y goce de derechos fundamentales.
La afectación de los mencionados derechos puede ser media o alta,dependiendo del tipo de intervención corporal, de las condiciones en que ésta se realice, de los intereses específicos en juego y del impacto concreto que tal medida tenga en el ejercicio y goce de los derechos fundamentales del individuo. Por ello, siempre será necesario dar cumplimiento al principio de reserva judicial, para que sea el juez quien examine la pertinencia, la idoneidad, necesidad y...