Aportes para fundamentación de demanda de inconstitucionalidad contra la ley 29423 en perú

APORTES PARA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY Nº 29423

I. Beneficios penitenciarios Extracarcelarios en el Perú, Apuntes históricos.

1.1 PERIODO DE 1969 A 1980.

Promulgada el15 de diciembre de 1980, culminó este periodo con La Constitución de 1979 que en su artículo 234º segundo párrafo señalaba:

“…El régimen penitenciario tiene porobjeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, de acuerdo con el Código de Ejecución Penal”.

Como muchos tratadistas señalan, este articulado fue trascendente porque significó asumir la tesis de la prevención especial penal como principio preeminente con sus notas características centrada en la reinserción del penado a la sociedad. Se señala que tuvo comogran limitación el no contemplar particularidades en cuanto a la aplicación de esta tesis a ciertos delitos y dentro de esos, no contar tampoco con medios idóneos en el tratamiento del recluso que permitan diferenciar al readaptable del no readaptable. Pese a la existencia de la “Unidad de Normas para la Ejecución…”,Decreto Ley Nº 17581, que, incorporó los beneficios de permiso de salida,redención de la pena por trabajo, semilibertad y liberación condicional; y que fue complementada con el Decreto Ley Nº 23164 que incorpora el beneficio de redención de la pena por educación; no cumplieron su propósito de prevención especial, por ser más una tentativa utilitaria, es decir movido más por intereses gubernamentales de control de la población penitenciaria (deshacinamiento o hacinamiento deacuerdo a la política criminal predominante y coyuntural), vista formalmente desde fuera que desde la misma problemática del interno. Siendo el tema el interno, se consideró más el tema desde criterios de seguridad y posibilidades presupuestales para mantenerlos, que del tratamiento penitenciario en sí mismo y, segundo, porque implicó una reserva legal, toda vez que no existía en ese momento elCódigo de Ejecución Penal, lo cual no debió impedir que el Estado asuma los principios de Prevención especial penal contemplados en los Tratados Internacionales suscritos por el mismo y que se erigían y erigen en imperativos constitucionales y vinculantes a cumplir, y que no se pueden justificar en necesidades estatales de presupuesto ni seguridad. La Constitución Política del 79 de formaexplícita asume como principio de ejecución penal y fin de la pena la Reincorporación del penado a la sociedad.

Diversos gobiernos en nuestro país al igual que en otros, han puesto sin embargo el énfasis en la Prevención general, la que en no pocas veces ha invadido ámbitos reservados a la Prevención especial y al fin resocializador de la ejecución penal y de la pena, para supuestamente lograr elfin disuasivo en la población. Así, las leyes penitenciarias estaban, o dispersas en leyes especiales o como parte del Código penal, en un apartado especial. Tenemos así que desde el 23 de marzo de 1822, Primer Reglamento Penitenciario de Torre Tagle, no existía un cuerpo normativo que sistematizara las normas de ejecución penal. En los `70 teníamos el Decreto ley Nº 17581 “Unidad de Normas parala Ejecución de Sentencias Condenatorias. Ley de Bases de Ejecución Penal” del 15 de abril de 1969, la que pronto se vio acompañada de una serie de decretos leyes que excluían de beneficios penitenciarios extra carcelarios a determinados delitos de fuerte impacto social como los decretos leyes Nº 19910, 23164 (18-JUL-1980), Decretos legislativos 23689 y 23956 que excluían de beneficiospenitenciarios extra carcelarios en caso de Tráfico ilícito de drogas; así como otros que regulaban su concesión como el Decreto Ley 23165 que disponía la concesión de liberación condicional en casos de robo agravado. Este primer periodo nos da como primer problema la no concreción de un criterio de unidad legislativa en materia penitenciaria y la predominancia de la tesis de prevención general en...