arbitraje laboral obligatorio

Análisis jurisprudencial de la sentencia del Tribunal Constitucional Rol 996-07 en sede de inaplicabilidad. Una sentencia para el olvido.
Al Tribunal Constitucional chileno, órgano jurisdiccional, en virtud de la reforma constitucional del año 2005, se le otorgó una serie de facultades que lo constituyen como el supremo intérprete y vigía de la Constitución de 1980. El análisis que se realiza acontinuación expone brevemente el requerimiento deducido por los representantes de ciertas empresas que han sido incorporadas en las hipótesis del artículo 384 del Código del Trabajo y la sentencia que no lo admite a tramitación.
Antecedentes: El requerimiento
La acción de inaplicabilidad, en el año 2007, es deducida por el representante de la Federación de Sindicatos del grupo Enersis S.A.,Chilectra S.A, Compañía Americana de multiservicios LTDA, Colina LDTA. y otras filiales; y por el representante de la Federación Nacional de Trabajadores de las empresas de la compañía general de electricidad. Para que se declare como inaplicable el artículo 384 inciso final del Código del Trabajo, encontrándose en la apelación de una acción de protección que se sigue ante la Corte Suprema. Losrecurridos son el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro del Trabajo y Previsión Social.
Los recurrentes señalan que el precepto legal impugnado vulnera ciertas disposiciones de la Constitución, a saber: Artículo 1, 5, 6, 7, el artículo 63 nº 18 y el art. 19 n°16 inciso final, el cual para los objetivos de este trabajo es el más pertinente.
Elartículo 19 nº 16 inciso final de la Constitución prescribe:
“La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso”
A su vez, el inciso final de la norma impugnada, del artículo 384 inciso final del Código del Trabajo, señala:
“La calificación de encontrarse la empresa en algunas delas situaciones mencionadas en este artículo, será efectuada dentro del mes de julio de cada año, por resolución conjunta de los Ministros del Trabajo, Defensa Nacional y de Economía, Fomento y Reconstrucción”.
La gestión pendiente, se seguía ante la Corte Suprema, a causa de la dictación de la Resolución Exenta nº 30. Señalando los recurrentes:
“Se trata de un acto ilegal y arbitrario, dictadoen contravención de lo dispuesto en el artículo 19 nº 16 de la Constitución (…) que priva a los trabajadores de las empresas de distribución de energía eléctrica de garantías mínimas de procedimiento, atendido que el precepto legal no establece procedimiento alguno”
“Además, se sostuvo que el mencionado acto es arbitrario, pues no es posible conocer los motivos o los fundamentos que lo sustentan,produciendo – en definitiva- diferencias arbitrarias entre trabajadores que se encuentran en una misma situación, incluyendo a unos en la nómina en las empresas que no se puede declarar la huelga y permitiendo el ejercicio de tales derechos a otros”
Para estos efectos:
“La Carta Fundamental, consciente de la relevancia del derecho a huelga, mandata al legislador el establecimiento deprocedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estén sometidos a la prohibición”.
Se entiende que los procedimientos se constituyen como una garantía de los derechos e intereses de los trabajadores y deben ser entendidos en su sentido natural y obvio, independiente de quien los regule. El artículo 384 no estable procedimiento alguno y es contrario a la Constitución ya que:“El precepto cuya aplicación se impugna, carece de elementos mínimos, comunes a todo procedimiento, tales como la posibilidad de los afectados de hacerse parte en el procedimiento y ser considerados en tal calidad; sistemas de notificaciones para los afectados y las partes; mecanismos transparente de recopilación de antecedentes; posibilidad real de los afectados de aportar antecedentes y rendir...