Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud-Estado Nacional s/ amparo ley 16986

 “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud-Estado Nacional s/ amparo ley 16986” (Fallos CSJN 323:1339, 1/6/2000). En este trascendental fallo un conjunto de Asociaciones Civiles y ONG ´s, que se ocupan de protección de los derechos de las personas portadoras del virus HIV-SIDA, interponen acción de amparo conf. art. 43 CN frente al incumplimiento del Ministerio de Salud (EstadoNacional) de otorgar medicamentos para combatir dicha enfermedad de manera gratuita.
La defensa legal del Ministerio en cuestión consistió en que en la ley de presupuesto no se habían otorgado las partidas necesarias para cumplir totalmente con la obligación de repartir medicamentos gratuitos. Además se expresó que el presupuesto no es susceptible de control judicial (doctrina de las cuestionespolíticas no justiciables) y se buscó derivar la responsabilidad a las obras sociales y sistemas de medicina prepagas.
La controversia llegó a la Corte después que tanto Primera Instancia como la Cámara Contencioso Administrativa hiciesen lugar a la acción de amparo peticionada y el Estado apelase dichas resoluciones.
La acción de amparo había tenido lugar puesto que nos encontrábamos ante unaomisión del Estado Nacional, que en su calidad de autoridad de aplicación de la ley 23.798 que declaraba de interés nacional la lucha contra el SIDA, no podía ni debía incumplir su obligación de garantizar los derechos a la vida y la salud de ciudadanos enfermos.

El Estado Nacional tiene la obligación de proveer los medicamentos y los enfermos el derecho de recibirlos.
La Corte opinó que elEstado no puede dejar de observar el bienestar general y el afianzamiento de la salubridad así como tampoco los derechos fundamentales tutelados por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos.
No solo el citado fallo fue importante por la resolución que tuvo el caso y la doctrina que el Tribunal esbozó en sus consideraciones sino que también porque fue aceptada la legitimación dediferentes asociaciones en defensa de un interés colectivo como lo es la salud y la lucha contra el SIDA.

Arístides Corti en su artículo titulado “Acerca del derecho financiero y tributario y de los derechos humanos” resalta que el presupuesto esta subordinado a la Constitución Nacional y que dicha herramienta siempre debe tener en miras “el desarrollo humano, al progreso económico con justiciasocial, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores…..” de conformidad con lo estipulado el art. 75 inc. 19 CN.[1] Así como también con la cláusula del progreso del artículo 75 inc. 18[2] y las medidas para garantizar la igualdad real en la efectivización de los derechos conforme art. 75 inc. 23[3]CN. El autor conabundante coherencia afirma que sin igualdad no hay justicia.

El Estado en su calidad de gerente y garante del bien común esta obligado a realizar las prestaciones efectivas necesarias para que los derechos y garantías así como los Tratados de Derechos Humanos contenidos en nuestra Constitución no se conviertan en letra muerta. El Presupuesto representa un medio más que idóneo para que los derechos secumplan y no constituyan una mera expresión de deseo. Es por eso que se torna imperativo que la clase política deje de utilizar esta herramienta como un factor de acumulación de poder y la utilice en beneficio de quienes más lo necesitan aplicando el principio in dubio pro justicia socialis.[4]
La ley de Presupuesto representa el modelo de país que queremos de manera que es nuestro deber comociudadanos es no guardar un silencio cómplice y estúpido cuando se desvirtúan sus fines ante nuestros ojos. El fallo “Asociación Benghalensis” es el ejemplo perfecto de que hay que dar lucha frente a las arbitrariedades del Poder Ejecutivo en beneficio de la justicia social.

CF

[1] Art. 75 inc. 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la...