Bachiller

Santiago A. Cantón Secretario Ejecutivo Comisión Interamericana de Derechos Humanos Washington, D.C. Señor Cantón: El 20 de enero de este año, recibí comunicación de la CIDH con fecha de 12 de enero del mismo año, donde la CIDH informa que considera procedente la adhesión a la Petición y a las Medidas Cautelares en referencia del Alcalde Municipal de Sipacapa y del Alcalde Municipal de San MiguelIxtahuacán. En dicha comunicación la CIDH informa que ha enviado copia de varios informes del Estado de Guatemala respecto del asunto arriba indicado, teniendo 30 días para presentar las observaciones pertinentes. Tales informes los recibí el 26 de abril del presente año, fecha a partir de la cual inició el plazo de los 30 días. Dentro de tales informes se encuentra el presentado en la Audienciapública del 25 de octubre del año pasado con fecha 22 de octubre del mismo año; también, se incluye el informe del Estado de Guatemala con fecha 07 de diciembre del mismo año 2010, haciendo para ambos informes las siguientes observaciones: Informe de la COPREDEH de 22 de octubre de 2010 presentado en la Audiencia ante la CIDH el 25 de octubre de 2010 Licencias mineras, consulta de buena fe, ypropiedad comunal El Estado de Guatemala, argumenta que la CIDH no debe solicitarle información sobre la insubsistencia del derecho minero de la mina Marlín, ni sobre la consulta puesto que “en ninguna de la información brindada acepta tácita ni expresamente la violación al Derecho de Consulta contemplado en el Convenio 169 de la OIT”, asimismo, que la CIDH tampoco debe conocer información sobre elderecho de propiedad comunal, “puesto que la misma no obedece a la materia u objeto de las medidas cautelares”. El Estado intenta imponer una interpretación aislada y tasada sobre los derechos humanos fundamentales de los pueblos mayas sipakapense y mam, cuando la solicitud, obtención y evaluación de la información por

parte de la CIDH se fundamenta en la sana crítica, y en la interrelación einterdependencia de los derechos contemplados en la Convención Americana y otros tratados internacionales en derechos humanos. El Estado de Guatemala, continúa cuestionando la competencia de la CIDH cuando le reclama limitarse en sus solicitudes de información, estando el Estado en la obligación de proporcionar todo tipo de información que la CIDH le requiera al respecto sin condicionamientos deningún tipo. La propia Medida Cautelar MC-260-07 trasladada al Gobierno de Guatemala desde el 1° de febrero de 2008, contiene información sobre la licencia de explotación minera, la falta de consulta “en forma previa, plena, libre e informada”, drenaje ácido, que “han generado graves consecuencias para la vida, la integridad personal, el medio ambiente y los bienes de los pueblos indígenas afectados”en cuanto a sus fuentes de agua y actividades de subsistencia. De febrero 2008 a mayo de 2010 el Estado de Guatemala, tuvo más de dos años para proporcionar información y demostrar que estaban cumpliendo con sus obligaciones internacionales en derechos humanos, ahora se dan a la tarea de deslegitimizar el trabajo de la CIDH exigiéndole limitarse a los planteamientos del Estado de Guatemala, ycoartar el derecho de los peticionarios y las peticionarias para informar y ser informados, exigiendo el cumplimiento de las Medidas Cautelares. Es la CIDH y no el Estado de Guatemala, a quien compete determinar los requerimientos de información, por tanto, el Estado debe informar sobre la inexistencia del derecho minero de la mina Marlín, la falta de consulta de buena fe, y el derecho de propiedadcomunal de sipakapenses y mames. El Estado no quiere proporcionar a la CIDH, ni siquiera la información más básica sobre los derechos elementales relacionados en el asunto en referencia, cuando están culturalmente interrelacionados conforme a la cosmovisión maya. El Estado debería actuar de buena fe ante hechos tan notorios y graves como los que evade pronunciarse. Impacto ambiental e hidrológico...