Captación masiva y habitual de dineros

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3326 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y EL DELITO DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS

Omar A. Mejía Patiño*

“Las leyes inútiles debilitan las necesarias”
Baltasar Gracián
Introducción
Como consecuencia de la caída de las denominadas pirámides y la declaratoria de emergencia económica establecida mediante Decreto 4336 del 17 de noviembre de 2008, tomo vigencia en nuestro País el Artículo 316del Código Penal Colombiano, que regula la captación masiva y habitual de dineros. De esta forma, de la nula utilización del artículo penal y de las medidas administrativas que tienen como finalidad proteger el sistema financiero nacional, se pasó a un sistema represivo que ha cumplido con las finalidades propuestas por el ejecutivo, de llevar a la cárcel a quienes constituyeron y se beneficiaron delas pirámides y a crear pánico social entre quienes invirtieron dinero en el sistema ilegal.
De esta forma, actualmente se encuentran vigentes el artículo 316 y 316A del Código Penal, hasta que no se cumpla con el término establecido por la Corte Constitucional, que en sentencia C-224 del 30 de marzo de 2009, declaró exequibles las disposiciones penales modificatorias del estatuto punitivocolombiano. Las disposiciones penales que regulan el delito de captación masiva y habitual de dineros son las siguientes:
Artículo 316. Captación masiva y habitual de dineros: Quien capte dineros del público, en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salariosmínimos mensuales vigentes.
Artículo 316A. Captación masiva y habitual de dineros: El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier acto para captar dineros del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta decincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si para tales fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otro de divulgación colectiva, la pena se aumentará en una cuarta parte.
Al respecto, es preciso decir que la Corte Constitucional en la ya mencionada sentencia C-224 del 30 de marzo de 2009, se pronunció sobre el Decreto 4336 de 2008, norma emitida con baseen la declaratoria de estado de emergencia social. En este sentido, declaró exequible el numeral 1º, disposición que había modificado el artículo 316 del Código Penal, condicionándolo a que sólo tendría vigencia de un año, contado a partir de la fecha de su promulgación. Declaró exequible el artículo 2º, norma que adicionó el Código Penal con el artículo 316ª, salvo la expresión "antes de lavigencia de esta norma" contenida en el parágrafo que se declara inexequible. Lo anterior, en el entendido que sólo tendrá vigencia de un año contado a partir de su promulgación.
La Corte señaló que el Ejecutivo durante el estado de emergencia social está habilitado para expedir decretos creando o modificando tipos penales con la finalidad de responder pronta y adecuadamente a la grave alteración delorden social, bajo los estrictos límites que imponen la Constitución Política, los tratados internacionales sobre derechos humanos y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Dado los intereses superiores en juego, como son la vigencia del principio de estricta legalidad en materia penal, del respeto de los principios democrático, así como la garantía de la libertad individual, el ejercicioexcepcional de esa potestad punitiva durante la emergencia social está sometido tanto a límites materiales como temporales. Tales limitaciones surgen de una interpretación armónica y sistemática de los artículos 6º, 28, 29, 93, 213, 214 y 215 de la Carta y de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Dichas disposiciones imponen al Ejecutivo como legislador excepcional en materia penal...
tracking img