Caso jacinta

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Febrero 1º, 2010.

INTRODUCCION

Antes de centrarme en el núcleo de este tema, me gustaría establecer algunos aspectos. En nuestro país los indígenas son una “minoría”, término éste que alude a la vulnerabilidad de sus derechos humanos, sin embargo, esta perspectiva tiene un enfoque meramente cualitativo y no cuantitativo debido a sus condiciones de vida con respecto al ejercicio desus derechos.

Este trabajo tiene el objetivo de analizar la problemática indígena dentro del marco de nuestro sistema jurídico, por lo que primeramente abordaré la reforma en materia de derechos[1] y cultura indígena, aprobada durante la LVIII Legislatura por la que se hicieron diversas modificaciones Constitucionales, primordialmente al artículo 2º, destacando los siguientes puntos:

•El reconocimiento de sus derechos y cultura

• La libre determinación

• Autonomía

Posteriormente, abordaré el caso de la señora Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena otomí que fue acusada y sentenciada por secuestro (de seis agentes federales) en el estado de Querétaro, caso éste que relacionaré con dichas reformas y con el que trato de evidenciar las fallas del sistema penalen nuestro país; haciendo hincapié que estos grupos indígenas padecen con mayor severidad las barreras de justicia, ya que son una comunidad “bivalente”, pues sufren doble discriminación la falta de reconocimiento y de tipo socioeconómico.

No cabe duda que el debate sobre la protección que se les debe garantizar a dichos pueblos ha sido muy agudo en la última década, centrándose en sus derechosy primordialmente en su regulación jurídico-constitucional, porque a pesar de que antes de los años noventa existían regulaciones constitucionales de sus derechos, eran simples declaraciones abstractas y carentes de elementos jurídicos suficientes.

Por lo anterior, en este trabajo analizaré diversas dificultades jurídicas que ha enfrentado la constitucionalización de los derechos indígenas, omejor dicho, la costumbre positivizada, porque definitivamente el problema no se ha resuelto, sólo fue un paso de avance en la cimentación de una relación entre el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas.

Actualmente nadie puede negar la presencia de comunidades indígenas, por lo que los problemas jurídicos existentes deben solucionarse de forma integral, respetando sus usos y costumbres conbase a las garantías individuales de todo sujeto de derecho.

REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS INDÍGENAS

Antecedentes

El Convenio 169[2] determina en su artículo 1º, que en la aplicación de la legislación nacional deberán tomarse en cuenta las costumbres de los pueblos, siempre que sean compatibles con los derechos fundamentales reconocidos en los órdenes jurídicos, tanto nacionalcomo internacional. Esto además de ser un principio, constituye la fijación de los límites de aplicación de sus usos y costumbres.

El 28 de enero de 1992, se reformó sombríamente el artículo 4º de la Constitución, al establecer que la sociedad mexicana es “pluricultural” (no necesariamente “pluriétnica”), y que la ley garantizaría (no reconocer), las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursosy formas de organización social.

Sin embargo, el principal y primer intento de validación o de reconocimiento amplio del derecho indígena en nuestro país se formalizó con la iniciativa[3] de reformas a la Constitución elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA). El dictamen de dicha iniciativa fue aprobado por el Senado y Cámara de Diputados, el 25 y 28 de abril de 2001,respectivamente. Después de un largo y atormentado proceso de discusión y aprobación (no sólo en el ámbito parlamentario, sino además en los medios de comunicación y en otros ámbitos de la sociedad)[4], por fin el 14 de agosto de 2001 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones que refieren a los derechos y cultura indígenas, afectando a los artículos 1º, 2º, 4º,...
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