comercial

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b). Y es que el hecho de que unas sociedades tengan por objeto la ejecución de actos civiles y otras la actividad comercial no es criterio que justifique eximir a las primeras de obligacionesconsagradas para las segundas (como la de llevar libros de contabilidad), ya que, si son sociedades y no asociaciones (como parece entenderlo la accionante cuando se refiere a los hospitales), tienen unelemento común -el ánimo de lucro-, en el cual puede fijarse el legislador, dentro de sus nuevos criterios, para señalar regulaciones más exigentes que faciliten la inspección, la vigilancia y laintervención estatales en la actividad particular.
a). La normatividad acusada, que se inscribe dentro del objeto señalado por la Ley en su encabezamiento, consistente en modificar el Libro II del Códigode Comercio, referente a las sociedades comerciales, determina que tanto ellas como las civiles, con independencia de su objeto, estarán sujetas a la legislación mercantil (último inciso del artículo100 del Código de Comercio, reformado por el 1 de la Ley 222 de 1995) y dispone que, para tales efectos, las sociedades civiles existentes gozarán de un plazo de seis meses contados a partir de lavigencia de la Ley para ajustarse a las normas de las sociedades comerciales (inciso 1 del artículo 238 Ibídem).
2.
A). Tal conclusión de la Corte hace evidente el error de hecho en que incurrió elTribunal, y que fue denunciado en casación, consistente en haber preterido la prueba sobre la existencia y representación legal de la demandante y, como consecuencia de ello, en no haber apreciado lanaturaleza comercial, de un lado, de dicha sociedad y, de otro, del contrato de compraventa que esa autoridad tuvo como fuente de la obligación en relación con la cual declaró la mora de la demandada,yerro que transcendió en su fallo, a tal punto que fue a consecuencia de él que modificó la sentencia del a quo, en el sentido de aplicar en el presente caso los intereses civiles legales del 6%...