Contratación Gubernamental en Puerto Rico 2015

Tema: Contratación Gubernamental en Puerto Rico – 2015
Nuestro ordenamiento jurídico actual, establece numerosas normas en cuanto a la contratación
gubernamental en Puerto Rico. Este asunto es uno altamente regulado, regido por diversos preceptos
legales, los cuales están diseñados para lograr la fiscalización de los fondos públicos. En lo subsiguiente,
explicamos de manera general, los preceptoslegales que rigen la contratación pública en nuestro
ordenamiento jurídico actual. Veamos.
Por su parte, el Código Civil de Puerto Rico, en su Artículo 1044, dispone que las obligaciones que nacen
de los contratos, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los
mismos. Consecuentemente, un contrato existe desde que una o varias personas prestan suconsentimiento a obligarse a dar alguna cosa o prestar algún servicio.1 Este será válido si concurren tres
elementos: consentimiento, objeto y causa;2 y serán obligatorios siempre que concurran las condiciones
esenciales para su validez.3 Sin embargo, el contrato será nulo e inexistente, si es contrario a las leyes, la
moral y el orden público.4
En nuestro ordenamiento, el Gobierno de Puerto Rico seconsidera igual a un contratante privado, por lo que
cuando el Estado contrata, la interpretación del contrato se efectuará de la misma manera que cuando se trate de
una contratación entre dos personas particulares.5 No empece lo anterior, por tratarse del uso de bienes y

fondos públicos, procede la aplicación rigurosa de todas las normas pertinentes a la contratación, así como
lo referente al desembolsode los fondos públicos, a los fines de proteger los intereses y dineros del
pueblo.6 En la contratación con el Estado, la sana y recta administración del erario está revestida del más
alto interés público.
Más aún, es nuestro deber señalar que el Estado está obligado por imperativo constitucional a manejar
los fondos públicos con los principios fiduciarios y éticos más altos.7 La Sección 9, delArtículo VI, de la
Constitución de Puerto Rico dispone que: "[s]ólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para
fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por
autoridad de ley.
Para cumplir con este mandato constitucional, y en atención al apremiante interés del Estado de que los fondos
públicos sean adecuadamente utilizados,se han adoptado leyes conducentes a su protección, que imponen
controles fiscales y de control gubernamental. Dichas leyes, están dirigidas a establecer una serie de requisitos
formales cuya intención es la de prevenir el despilfarro, la corrupción y el favoritismo, a los fines de proteger los
intereses y los dineros del pueblo.8 Así pues, cuando una acción conlleva desembolso de fondos públicos,existe todo un ordenamiento dirigido a proteger la transparencia del proceso y el manejo de los mismos.

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Art. 1206, Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3371
Art. 1213, Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3391
Art. 1230, Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3451.
Art. 1207, Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3372.
Campos Ledesma v. Compañíade Fomento Industrial, 153 D.P.R. 137, 149 (2001); Zequeira v. C.R.U.V., 83 D.P.R 878, 880-881
(1961); y Rodríguez López v. Municipio de Carolina, 75 D.P.R. 479, 494 (1953).
De Jesús González v. Autoridad de Carreteras, 148 D.P.R. 255, 268 (1999).
JAAP Corp. v. Dpto. Estado, et al., 187 D.P.R. 730, 739 (2013); C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 D.P.R. 443, 452 (2007).
Id.

Cónsono con lo anterior,el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado la imperiosa necesidad de evitar
el dispendio, la extravagancia, el favoritismo y la prevaricación en los contratos gubernamentales.9
Recientemente, en la decisión del caso Rodríguez Ramos v. ELA, 2014 TSPR 32, nuestro más alto foro
reiteró las normas aplicables a los contratos gubernamentales. Estimamos pertinente incluir un breve
resumen de...