Controversias constitucionales 2001

INTRODUCCIÓN.
El contenido de esta investigación se apega al procedimiento que se llevó ante la Suprema Corte de Justicia de La Nación seguido después de que en el año de 2001, el poder ejecutivo encabezado por Vicente Fox Quesada, reformara los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución federal en materia de derechos y cultura indígena con la aprobación de los congresos de los estados dede Aguascalientes, Durango, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tlaxcala por los que municipios de los estados de de Oaxaca, Guerrero, Morelos, Veracruz, Jalisco, Puebla, Michoacán, Tabasco e Hidalgo, así como por el Congreso de Chiapas y el Poder Ejecutivo de Tlaxcala interpusieron más de 300 controversias constitucionales no precisamente contra el contenido de las reformas sinocontra el procedimiento que indebidamente se siguió para llegar a tales reformas.
Por lo tanto en el desarrollo de trabajo se menciona quienes fueron los ayuntamientos que interpusieron estas controversias constituciones mencionado su argumentación así como los hechos en los que sustentan dichas controversias a fin de poder entender el porqué la Suprema Corte de justicia de la nación emitió sufallo declarando improcenedentes dichas controversias, con el fin de que al concluir podamos tener un propio criterio y poder determinar si la resolución emitida por la corte es con apego a la ley y a los derecho fundamentales o bien los conceptos de violación que impugnan los municipios son debidamente fundados y motivados por los que dichas reformas debieron ser repetir el proceso legislativoincluyendo el proceso de consulta y demás señalamientos que dispone el convenio 169 de la OIT.


ARGUMENTOS PLANTEADOS EN LAS CONTROVESIAS CONSTITUCIONALES
1.- Con la reforma aprobada, los legisladores y el poder ejecutivo federal violaron los procedimientos para reformar la Constitución Política Mexicana, contenidos en su artículo 135, así como en las leyes orgánicas de los poderes legislativosde varios estados, al no cumplir los requisitos exigidos en el proceso de una reforma.

2.- Durante el proceso de discusión y aprobación de la reforma, los legisladores y el presidente de la República negaron a los pueblos indígenas el derecho a ser consultados sobre el contenido de la reforma, en los términos del artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, violando con ello los artículos 14, 16 y133 de la Constitución, y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los legisladores y el presidente de la República tenían la obligación de respetar las garantías de debido proceso que para los pueblos indígenas es el derecho a ser consultados.

3.- Con la reforma impugnada, se alteró la forma de organización y autonomía municipal, contenidas en el artículo 115constitucional y en las leyes orgánicas de los municipios demandantes, sin que los legisladores les hayan dado oportunidad de participar en el proceso de discusión y aprobación en defensa de sus intereses. Con esta reforma, se impuso al municipio nuevas cargas y obligaciones y se alteró su forma de organización.

4.- Durante el proceso de reforma, tampoco se permitió a los municipios demandantes, comoentidades de gobierno, velar por los intereses de los pueblos indígenas que forman parte de los mismos, tal como obliga el artículo 2 del Convenio 169 de la OIT, con lo cual se viola también el artículo 133 constitucional. Se negó a los municipios demandantes la posibilidad de garantizar que se consultara a los pueblos indígenas sobre el contenido de la reforma y de resguardar los demás derechos yareconocidos por el Estado mexicano en el Convenio 169.

5.- Los actos inconstitucionales que las autoridades demandadas llevaron a cabo, violaron también el artículo 128 de la propia Constitución.

Con estos argumentos, más de 300 municipios de Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Morelos, entre otros, acudieron ante la Suprema Corte, a partir de julio del año...