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Los penalistas Alberto Arteaga y José Luis Tamayo resumen el problema: con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, decretada por el presidente Hugo Chávez el 12 de junio pasado, un juicio sepuede realizar a puerta cerrada, bajo la dirección de un juez y un fiscal designados a dedo, y sin presencia del acusado, la víctima ni escabinos que puedan impedir eventuales arbitrariedades. Arteaga,miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y Tamayo, profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Central de Venezuela, advierten que el cambio de reglas tiene como principalpropósito afilar la justicia penal como arma de persecución política y no resolverá el retardo procesal ni el hacinamiento carcelario. “Es especialmente grave que el Presidente, sin consulta ni debatesuficientes, se haya reservado la reformulación de las reglas para determinar quién debe ir preso por la comisión de delitos", lamenta Arteaga. “También es gravísimo que, al final, tengamos que darle larazón al ex magistrado Eladio Aponte Aponte, en cuanto a que la justicia en Venezuela es como una plastilina que se puede moldear de acuerdo con intereses subalternos", completa Tamayo.¿Están de acuerdocon calificar de menos grave un delito sancionado con ocho años de cárcel?J.L.T: ¬Lo grave es que se considere que una estafa, que puede dejar en la calle a una familia, es algo menos grave.¿Cómopermitiría la reforma la liberación de muchos presos?A.A: ¬Los nuevos tribunales municipales penales juzgarán delitos penados con ocho años o menos de prisión con la obligación de dejar en libertad a losacusados mientras transcurre el proceso, pero sin ninguna garantía de ejecución efectiva de una eventual condena. Ello implica consagrar la impunidad.¿Cuántos reos pudieran beneficiarse con lamunicipalización de la justicia penal?J.L.T: ¬Creo que serían pocos, porque la mayoría de los presos están imputados por delitos graves: drogas, homicidios, secuestros, extorsiones y robos. Parece...