Decisiones TSJ sobre el Cálculo de la concepción


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
En su nombre
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Region Centro Occidental

ASUNTO : KP02-O-2004-000186

PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: MARIA FERNANDA GIMENEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V- 15.666.721. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: MARIENCRISTINA ISACURA ATENCIO, Abogada ejercitante, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 102.050, con sede profesional en la calle 26 entre 17 y 18, edificio Centro Profesional en la calle 26 entre 17 y 18, edificio Centro Profesional Barquisimeto, Oficina 32. PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: Sociedad Mercantil “ Mini Boutique L´ocasión C.A., con sede social, en el Centro Comercial Ciudad París,tercer piso, nivel Francia, local Nro. 4-58, de Barquisimeto, Estado Lara. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: JUAN CARLOS TORREALBA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 44.701. MOTIVO: SENTENCIA DEFINITIVA DE AMPARO Fue recibida por la Unidad Receptora y Distribuidora de Documentos en fecha 03 de JUNIO de 2004, en fecha 08 de junio, fue recibidapor este Tribunal, en treinta y siete (37) folios útiles, para luego ser admitida por este Juzgado, el 09 de junio de 2004. Se celebró la Audiencia Constitucional, el 03 de septiembre de 2004, en la cual se solicitó, traen a juicio, las pruebas de las cuales se hizo referencia en la audiencia. Posteriormente este Tribunal, dicta el dispositivo del fallo, declarando Con Lugar el amparo. PUNTO PREVIODE LA COMPETENCIA Vista la opinión del Ministerio Público, este Tribunal para decidir observa que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 02 de agosto de 2001, con ponencia del Magistrado Antonio García García, estableció respecto a la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa lo siguiente: (Sic)“…Así, dado que a la jurisdicción contenciosoadministrativa le compete el conocimiento de las demandas de nulidad en contra de las decisiones administrativas provenientes de los órganos de la Administración del Trabajo; En el ejercicio de esa competencia, debe poseer igualmente la potestad para resolver los conflictos que surjan con motivo de la ejecución de ese tipo de providencias que han quedado firmes en sede administrativa tal como lo es,se insiste, para conocer de su nulidad (…) El presente fallo tendrá efectos ex tunc a partir de su publicación, pues las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República”(Negrillas del Tribunal. Por otro lado,existe el hecho de que la propia Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 22 de agosto del 2002, estableció la procedencia de la vía de amparo frente a la inejecución de una providencia administrativa, al señalar lo siguiente: “…Si antes se precisó que no existe en vía administrativa un procedimiento para la ejecución de los actos de naturaleza laboral, si además en concepción de laSala Constitucional la inejecución puede llevar a violación de derechos constitucionales, entonces –también en concepción de la Sala- pareciera ser el amparo constitucional el mecanismo idóneo para obtener tal ejecución. Esta afirmación se desprende de algunas consideraciones expuestas en el fallo ya citado, así entre otras afirmó la Sala que los derechos y garantías constitucionales involucradashacían que se tornara urgente la protección tutelar necesaria “…que sofocara los efectos nocivos de la actitud rebelde del patrono originada por la lesión en los derechos fundamentales del trabajador, para lo cual los órganos del Poder Judicial se presentan como la única solución, para lograr por un medio breve, sumario y eficaz la vigencia de los derechos vulnerados, dado el vacío legislativo...