Derecho penqal

EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DELITOS Y EL JUICIO DE FALTAS INMEDIATO VÍCTOR MORENO CATENA Catedrático de Dereito Procesual Universidade Carlos III de Madrid

EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DELITOS 1. Consideraciones generales La Ley 38/2002, de 24 de octubre, ha creado un verdadero proceso especial, a través del cual se pretende resolver con celeridad la persecución de conductas delictivas sobrehechos que no precisan de una dilatada actividad instructora, que sustituye los mecanismos de simplificación y aceleración del procedimiento abreviado introducidos por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. En los últimos tiempos se ha producido un extraordinario crecimiento de la delincuencia, sobre todo de la llamada de “baja intensidad”, caracterizada portratarse de infracciones de poca gravedad, pero que afectan a un elevado número de ciudadanos y se dicen cometidas con reiteración por los mismos sujetos. Como suele ser habitual, se ha empezado la casa por el tejado, porque no es que hayan fallado o no hayan funcionado bien los instrumentos de prevención y las medidas de asistencia social, sino que directamente han brillado por su ausencia; así lascosas, se ha optado por el fácil recurso al sistema penal, pretendiendo de este modo corregir la reiterada desatención de los responsables políticos por la protección de la seguridad pública –se ha invitado en más de una ocasión a la población a sustituirla por medios de seguridad privada– y por los sectores más desfavorecidos que, como si se tratara de una plaga de apestados, se ven cada día másolvidados por los poderes públicos. Lo cierto es que, con independencia de la reforma de la prisión provisional que ahora se anuncia, recurriendo según las noticias a esta medida como “bálsamo de fierabrás” (si

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están en la cárcel todos los que cometan una infracción, aunque sea presuntamente, se habrán limpiado las calles y los ciudadanos acomodados podrán vivir entranquilidad), ha crecido de forma alarmante la inseguridad ciudadana y políticamente ha parecido oportuno acometer la reforma del proceso penal con el fin de agilizar el enjuiciamiento de algunos delitos menores. Se pretende así que cuando por las propias características del delito o por las circunstancias que rodearon su comisión fuera posible dictar sentencia con rapidez, omitiendo lasdiligencias o actuaciones que resultan innecesarias, se agilicen y se coordinen las intervenciones de los diferentes órganos, de modo que pueda lograrse una pronta terminación del proceso y se proporcione una respuesta judicial inmediata, sin merma de las garantías procesales. No se trata, por tanto, de una medida que atienda sólo, ni esencialmente, a simples criterios de mejora de la gestión en losJuzgados de Instrucción, ni de liberar a los jueces de la abultada carga de las numerosas Diligencias Previas que han de incoar cada año, sino de abrir una vía que permita una mayor eficacia y calidad en la justicia penal, teniendo en cuenta algunos elementos de la propia justicia penal, de modo que realicen solamente las diligencias que en cada caso resulten imprescindibles. La realidad de un altoporcentaje de procesos penales en los que la instrucción del juez prácticamente no existe, salvo la declaración del imputado, y aquellos otros en que las diligencias pueden solventarse en un periodo muy corto de tiempo, ha llevado al legislador a aprobar una reforma de la LECrim con la que, tomando en cuenta elementos existentes con anterioridad –señaladamente en la reforma de la Ley 10/1992–, yexigiendo un gran esfuerzo de coordinación a todos los operadores jurídicos, se pueda obtener una sentencia en el propio Juzgado de Guardia si hubiera conformidad del acusado, o la celebración de un juicio contradictorio en un plazo no superior a los quince días. En lo que hace a las normas que rigen este proceso especial, no contiene la LECrim una regulación completa de todos sus trámites. En...