Derecho Policial En Colombia

No cabe duda de que el sistema acusatorio es el espacio en el que con mayor facilidadse concretan los derechos y garantías procesales reconocidas internacionalmente comolas prerrogativas mínimas que debe tener el procesado, y también el espacio en quecon mayor justicia se privilegia la participación de la víctima y en el que el Estadopuede extender con mayor eficacia y sensatez su facultadsancionadora. Convencidode esta realidad, el Congreso de Colombia ha matriculado nuestro sistema dejuzgamiento en el acusatorio, seguro de obtener por esa vía un mejoramientosustancial de nuestros lamentables y vergonzosos niveles de injusticia y de impunidadgenerados en buena parte por la forma en que nuestro Estado asume la funciónjurisdiccional de “administrar justicia”.Sin embargo, múltiples son lascríticas que se producen en torno de la reformaprocesal penal en que nos hemos embarcado y que comienza a concretarse con lapromulgación del acto legislativo 03 de 2.002, de las cuales vamos a acercarnos a lasdos más importantes:1.No se tiene claro qué es lo que se busca con la reforma.Afirman los críticos que si es la descongestión lo que se pretende reducir en primertérmino, no existe ni unsolo estudio serio que analizando la realidad empírica orientela identificación de los factores que la generan, y como consecuencia, que puedaindicar cuáles serían las prácticas equivocadas a corregir. Si es la eficiencia del sistemajudicial lo que se busca como objetivo de la reforma, no está diagnosticada lasituación que se pretende cambiar como para plantear seriamente una política que demaneracoherente responda a la solución ofrecida por el diagnóstico. Que, comoconsecuencia de lo anterior, no estando claro porqué querer reformar, tampoco lo estáqué y cuánto estamos dispuestos a sacrificar en aras de esta reforma que no seidentifica como necesaria. No podemos pensar en un cambio de sistema sin tener encuenta que eso implica una transformación en la cultura jurídica que tardaría talvezsiglos en construirse pero es que la identificación de un nuevo rumbo en materia procesal penal se aprecia,no sólo a partir del Acto Legislativo 03, sino desde la adscripción de nuestro país alconcepto de Estado Social de Derecho, con la expedición misma de nuestraConstitución del año 1.991. Múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional hanrevelado la incompatibilidad de los procedimientosque contempla en materia dederechos y garantías judiciales el ya por fortuna moribundo sistema procesal penal conla carta política.Y es que a partir del año 1.991, la labor de la Corte Constitucional tratando dearmonizar las leyes procesales penales con las garantías contenidas, no solo en laCarta, sino también con las que se incrustan en los diferentes documentosinternacionales ratificados pornuestro país, ha sido titánica y de alguna manerainfructuosa en materia de reconocimiento de derechos, pero escuchada y atendida enla búsqueda de un sistema que como el acusatorio reconozca de manera más efectivalas garantías procesales de los que se encuentran en una situación de especialdesventaja frente a la actividad del Estado.Esto se evidencia en pronunciamientos muy particulares en los que laCortepaulatinamente ha venido llamando la atención sobre la incoherencia de nuestrosistema procesal penal con dichas garantías:En materia de derechos y garantías la Corte Constitucional, juzgando con criterioacusatorio, invalida normas de corte inquisitorial:
a) El derecho a la asistencia de unAbogado hace parte del conjunto de garantías reconocidas en la Carta; autorizándosepor el Decreto 2700de 1.991 la posibilidad de que tal actividad la desarrollara unciudadano honorable que no tuviera la calidad de profesional del derecho, con lo quesin duda se atropellaba dicho principio y se desconocía un verdadero derecho de defensa , lo cual fue corregido por la Corte Constitucional. b) De igual manera, nuestro procedimiento penal permite la condena en contumacia lo cual atenta también...