Derecho procesal penal

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Garantías constitucionales del proceso penal

Autora Catanese, María Florencia

Estudiante UBA

Introducción

Las garantías constitucionales se definen como los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales; mientras que las garantías procesales como "lasinstituciones o procedimientos de seguridad creados a favor de las personas, para que dispongan de los medios que hacen efectivo el goce de sus derechos subjetivos". La reforma de nuestra Constitución Nacional (en adelante "CN") de 1994 operó una sustancial modificación relacionada al régimen de los tratados. La solución adoptada influyó en el sistema de derechos reconocidos en la parte dogmáticade la CN 1853/1860 al no derogar artículo alguno de esa sección y entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Es decir, los derechos establecidos en los tratados de derechos humanos (en adelante "DH") enumerados e incorporados directamente a nuestra CN consolidan y amplían las garantías ya reconocidas en ella (de las cuales ya gozaba el imputado). Cabe resaltar quela rama del derecho encargada de aplicar y poner en práctica las aludidas garantías es el derecho procesal penal siendo sobre esa base de dicho procedimiento que se realiza el derecho penal material que conduce a un castigo o a una liberación del imputado. Hoy día es casi una obviedad sostener la estrecha unión existente entre el Derecho Constitucional y el Derecho Procesal Penal, llegando MAIERa definir al último en una de sus facetas principales como "Derecho Constitucional reformulado".

A continuación se expondrán brevemente algunas de las garantías constitucionales del proceso penal, haciendo un análisis jurisprudencial de cada una de ellas.

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Igualdad ante la ley

La CSJN en el leading case "Caille" (Fallos, 153:67) ha dicho que "la igualdad ante la ley del Art. 16 de laConstitución (...) no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales condiciones se concede a otros, de donde se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la Ley en casos concurrentes, según las diferencias constitutivas y, que cualquier otra inteligencia o excepción de este derecho es contraria a su propianaturaleza o interés social (Fallos, 105:273; 117:229; 132:198; 150:144)". Esta garantía aplicada al proceso judicial requiere que "todas las personas sean iguales ante los tribunales y las cortes de justicia" (Art. 14.1, PIDCP); es decir, independientemente de su condición personal, el tratamiento del imputado no admite diferenciaciones por razones económicas, sociales, religiosas y/o políticas.

Sobreesta base, el proceso penal debe respetar la bilateralidad en el trámite procesal, resguardando los derechos del acusado -contra posibles abusos o arbitrariedades en el ejercicio del poder punitivo del Estado-, y de la víctima de la comisión de un delito. La CSJN ha considerado que integra la garantía de la defensa en juicio la obligación de que el Estado provea los medios para que el proceso sedesarrolle en paridad de condiciones (Fallos, 312: 1998), no pudiendo el juzgador constituirse en intérprete de una supuesta voluntad implícita de las partes (Fallos, 283: 913).

Sin perjuicio de lo prescripto por la normativa aplicable al caso y por la jurisprudencia reseñada, no escapa al conocimiento de la realidad procesal en nuestro país la existencia de una desigualdad real entre elacusado y el Estado acusador (con potestad de imperium para llevar a cabo su cometido); para contrarrestarla -e intentar equilibrar la balanza en la relación de fuerzas-, se halla, por una parte, el principio de presunción de inocencia que obliga al Ministerio Público a acreditar en forma fehaciente los cargos en contra del imputado debiendo el juez condenar exclusivamente con plena certeza de la...
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