derecho











U N I V E R S I D A D A L A S P E R U A N A S
Dirección Universitaria de Educación a Distancia
Escuela Profesional de Derecho




TRABAJO ACADÉMICO

CICLO ACADÉMICO 2012-llI MÓDULO I

DATOS DEL CURSO
Escuela Profesional:
DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
Asignatura:
0703- 07301 DERECHO ADMINISTRATIVO
Docente:
VIZCARDO ROZAS NOEMÍ
Ciclo:
V
Periodo Académico:2012 -llI
DATOS DEL ALUMNO
UDED:
AREQUIPA
Apellidos:
SEVINCHA JURO
Nombres:
FREDDY ALBERTO
Código:
2011111694




I
CUADRO COMPARTIVO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

PERUANO FRANCES ESTADOS UNIDOS ESPAÑOL




II
ALTERNATIVA PARA MEJORAR EL DERECHO ADMINISTRATIVO PERUANO

LA DISPONIBILIDAD DE LA RELACIÓN JURÍDICA LITIGIOSA Y LA
TRANSACCIÓN EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO


Entanto son propios de toda transacción, estos dos requisitos serán igualmente exigibles en las que celebre la Administración pública. Sin embargo, en este caso la exigencia de «disponibilidad» encuentra un primer problema, pues para la Administración pública no existen materias propiamente disponibles, en tanto no goza de verdadera autonomía de la voluntad, al tener que justificar toda su actuaciónen la consecución del interés público, pues incluso cuando goza de discrecionalidad no tiene libertad.

Esta exigencia produce una primera diferencia entre la transacción «administrativa » y la «privada». Así, se ha discutido cuándo una obligación es «dudosa» o «litigiosa», y si es necesario que la falta de certeza sobre ésta sea objetiva: es decir, que realmente haya un fundamento jurídicosólido que justifique la posible controversia.
Generalmente, en Derecho privado esta pregunta se responde negativamente. Sin embargo, en el caso de la Administración pública la solución cambia, pues ésta gestiona intereses ajenos y no puede decidir libremente, por lo que deben existir razones demostrables que hagan aconsejable la transacción; es decir, ha de existir una incertidumbre objetiva. Y,además, esta adecuación de la actuación administrativa a los intereses generales debe ser susceptible de control judicial. Es decir, la decisión de transar puede ser impugnada por los posibles interesados, para lo cual se ha recurrido a la técnica de los actos separables, nacida en Francia y luego extendida a otros ordenamientos jurídicos.

Y, si el interés público lo justifica y existe unacontroversia objetiva, ¿sobre qué materias puede transar la Administración pública? De acuerdo a las disposiciones del Código civil, su campo natural de aplicación serían las controversias sobre cuestiones patrimoniales, entre las que jugarían un papel muy destacado las referidas a la ejecución de los contratos públicos, como, por ejemplo, sucedería si el contratista y Administración no están deacuerdo en el monto de la liquidación.

Sin embargo, lo cierto es que admisibilidad de la transacción en el Derecho administrativo encuentra reticencias adicionales, pues las controversias entre la Administración y los ciudadanos casi siempre tienen su origen en una previa actuación de la primera, cuya validez (adecuación al ordenamiento jurídico) los segundos discuten, como fundamento parasatisfacer una pretensión. Y no son pocos los autores que niegan que la Administración pública pueda transar sobre la legalidad de sus actos, pues se trata del ejercicio de una potestad, y éstas son por naturaleza indisponibles.

¿Cuál es la solución de esta cuestión? Al respecto, en el Derecho español algún autor ha distinguido entre las transacciones que tienen por objeto relaciones jurídicas creadaspor actos anulables y las creadas por actos nulos. En el primer supuesto, la Administración no está obligada a anular el acto administrativo (al menos no de oficio), pues en estos casos será precisa la previa declaración de lesividad, de modo que para anular el acto éste no sólo debe ser inválido, sino además perjudicial para los intereses generales. Se trata, por tanto, de una potestad...