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Marco teórico y estado del arte del Acceso a la Justicia de las mujeres en Neiva

Antecedentes Legales nacionales.


El Derecho al Acceso a la Justicia, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, puede definirse de manera general como el “Derecho Fundamental en virtud del cual, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionalescompetentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”1
Este Derecho ha evolucionado en las llamadas olas de acceso a la justicia: la primera de ellas propugna por el establecimiento de acciones y herramientas procesales así como asesorías legales gratuitas, dirigidas a garantizar el acceso de quienes padecen dificultades económicas;la segunda ola se centra en la necesidad de optimizar los servicios de la administración de justicia; la última de ellas en el desarrollo de las llamadas acciones de grupo y el litigio a favor del interés público.2








“La Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia C-163/99, manifiesta que: “el derecho a acceder a la justicia es fundamental, pues forma parte del núcleoesencial del derecho al debido proceso, como quiera que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso. Pero la connotación del Acceso a la Justicia no se agota en su conceptualización como un Derecho fundamental, sino que implica la consideración del mismo como una función yservicio público, que en tal condición debe ser: gratuito, sostenible, adaptable, integral y de calidad. La falta de cualquiera de estas características, que son en realidad los principios del servicio público, en la administración de justicia, se convierte en un obstáculo para el acceso a ella.
La Constitución Política de 1991, proscribe la discriminación en todos los sentidos y en su artículo13 señala: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica….
En esta misma línea el artículo 43 de la Norma Suprema expresa: “La mujer y elhombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación…”. Además el artículo 93, incorpora un tratamiento jurídico especial a los pactos internacionales de Derechos Humanos, dotándolos de fuerza vinculante constitucional, mediante la figura del Bloque de Constitucionalidad.”3





El 31 de mayo del año 2000, se expide en Colombia lallamada Ley de cuotas, “por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional, que en su artículo cuarto establece, entre otras disposiciones, que las mujeres deben ocupar al menos un 30% de los cargos de nivel decisorio delpaís, tanto a nivel local como departamental y naciona”4.
Posteriormente llega a la vida jurídica la ley 823 de 2003 “Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres”, cuyo objeto en los términos de la misma ley “establecer el marco institucional y orientar las políticas y acciones por parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades delas mujeres, en los ámbitos público y privado”. Concretamente la Ley 823 establece unos compromisos específicos en relación con la dirección de una política pública con enfoque de género, y la ejecución de la misma.
En esta misma lógica la Ley 1009 de 2006, crea el Observatorio de Asuntos de Género, a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a través de la...