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DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA COMPARADO CON LA LEGISLACION DE VENEZUELA

1. NOCIONES PRELIMINARES

La posibilidad de que atentados contra los órganos jurisdiccionales, sus competencias y decisiones hayan figurado contra los delitos de la función publica o de funciones en el ejercicio de sus cargos no hace sino corroborar la posibilidad de entender la administración de justiciacomo parte de la administración publica, aunque por lo especialísimo de la función se justifique el tratamiento penal separado.

El concepto de administración publica que se maneja en el Derecho Penal es comprensivo, como decía Rocco en la exposición de motivos del proyecto de Codigo Penal Italiano de 1930, de la entera actividad del estado y de los otros entes públicos, queriendo significarcon ello que, con las normas relativas a los delitos contra esa administración, se tutela no solo la actividad administrativa, en sentido estricto y técnico, sino la actividad legislativa y la judicial. En efecto, el desacato se puede cometer contra un legislador o un juez; el cohecho puede tener por sujeto activo a un magistrado judicial, y en todos estos casos, es ofendida o lesionada no ya laadministración publica en sentido estricto sino la administración de justicia o la autoridad parlamentaria, lo que confirma el concepto de que el código ha entendido que en los delitos enmarcados en el titulo XVIII el bien jurídico protegido es la administración publica del estado, ejercida en cualquiera de sus tres funciones.

La protección penal abarca las funciones administrativas propiamentedichas, como las otras funciones del Estado, entre estas, la administración de justicia, que es una parte especialmente relevante del ejercicio de funciones publicas

Dividido en tres secciones, el capitulo III, del titulo XVIII, del Codigo Penal resguarda los principales aspectos de la administración de justicia. En primer lugar, la sección I esta destinada a proteger la función jurisdiccionalde todos aquellos actos que signifiquen su entorpecimiento mediante el desvio de la actividad jurisdiccional al conocimiento de hechos que no merecen su concurso (denuncia calumniosa, falsa declaración en procedimiento administrativo) o que la conduzca a la toma de una decisión errada (falsedad en juicio, fraude procesal) o que finalmente, traten de impedir su eficacia (ocultamiento de menor a lasinvestigaciones, encubrimiento personal, encubrimiento real, omisión de denuncia, favorecimiento a la fuga, entre otros delitos)*.

La sección II esta dedicada a describir el prevaricato de los jueces, fiscales y abogados o mandatarios judiciales.
La prevaricación, como figura delictiva inscrita en los delitos contra la administración de justicia, presenta muchas convergencias como delitosubicados en otros rubros del Codigo Penal. En muchos casos los intereses particulares están en el ámbito de afeccion de la actividad prevaricadora, sin embargo, el daño que se infringe a la administración es el que prevalece para establecer y delimitar la objetividad jurídica del hecho. El designio político criminal del legislador ha sido, principalmente, tutelar el legal


(*) Esta seccióncomprende el delito de ejercicio arbitrario del propio derecho, al que comúnmente se le denomina “justicia por propia mano”. Mediante esta figura se tutela la exclusividad de la función jurisdiccional del Estado para resolver los conflictos suscitados en la sociedad. Se refuerza la formula heterocompósitiva para la resolución de los conflictos sociales generados por el delito, desplazándose laautocomposición que, en estos casos, lleva generalmente a soluciones arbitrarias y desproporcionadas, pues no obedece a los parámetros legales.
Desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional frente a las actividades ilícitas de los jueces o de aquellos que las realizan de una forma íntimamente conexa a la administración de justicia (fiscales, abogados).
Cada uno de los tipos descritos en los cuatro...