Derecho

Páginas: 16 (3886 palabras) Publicado: 11 de octubre de 2012
Primero. Motivar que el cambio se promueva desde la sociedad civil.
La sociedad está consciente de que la justicia penal es lenta, costosa e ineficiente. No tiene confianza en ella. Hay que procurar un cauce institucional no oficial para dar voz a la demanda ciudadana de mejorar la justicia penal, con el objeto de que la sociedad se constituya en promotora de la transformación del sistema ycoadyuve a vencer la resistencia al cambio que, como en todas las experiencias latinoamericanas y las de los Estados de la República Mexicana, se han presentado ante una reforma penal de este calado.
Curiosamente, dichas resistencias provienen, generalmente, de los mismos actores del sistema de justicia penal: jueces, abogados litigantes, servidores públicos que no desean capacitarse para aprenderuna nueva forma de hacer las cosas.
Para lograr el posicionamiento del tema en la agenda pública, y contar con aliados sociales para enfrentar la resistencia al cambio, es conveniente promover foros, seminarios y conferencias que permitan difundir los contenidos y alcances de la reforma constitucional. Al hacerlo, es conveniente no entrar en tecnicismos sino explicar de modo llano y con ejemplosprácticos los diferentes temas que implica la reforma y, especialmente, los beneficios que ofrece ésta a la sociedad: una justicia más eficiente, más rápida, menos costosa. Para que sea la sociedad civil la que posicione el tema en la agenda, se sugiere que estos eventos sean organizados por las facultades de derecho, las barras y colegios de abogados, las cámaras de industria y comercio yasociaciones cívicas, con la participación de los medios locales de comunicación.
Segundo. Comprometer la participación coordinada de las instancias gubernamentales estatales involucradas.
La transformación del sistema de justicia penal no puede lograrse si se entiende como una tarea impulsada una sola instancia de gobierno, ya sea ésta la Procuraduría o el Tribunal de Justicia Estatal. En el proceso decambio deben participar todas las instituciones responsables del sistema de justicia penal: seguridad pública, procuración de justicia, impartición de justicia y sistema penitenciario. Si consideramos, además, que la transformación del sistema de justicia termina por impactar a otras áreas del quehacer público y privado, resulta conveniente promover la participación o al menos la presenciasimbólica de otras entidades públicas y privadas, como las fuerzas armadas, las universidades, el sector educativo y el de desarrollo social.
En los casos internacionales o nacionales que más prosperaron, las iniciativas de cambio surgieron desde la sociedad civil y fueron impulsadas por el titular del poder ejecutivo de la ciudad, del Estado o de la Nación correspondiente –recordamos los casos de laCiudad de Buenos Aires, Argentina; del Estado de Chihuahua en México, o de la República de Colombia–, quien coordinó la participación de todas las instancias anteriormente mencionadas.
Aunque es muy recomendable la realización de un acto público encabezado por el Gobernador del Estado, con la participación del gabinete y de los Presidentes del Tribunal y del Congreso, no se trata solamente de iniciarcon un acto simbólico. Para que una reforma al sistema de justicia penal prospere es necesario que exista la voluntad política al más alto nivel y que esta sea permanente. La permanencia depende, además, de que el proceso de cambio esté soportado por los recursos financieros y humanos necesarios. Además, es conveniente que los titulares de las instituciones directamente involucradas denseguimiento a las actividades de los equipos de trabajo que se integren y que informen de los avances de forma periódica a la sociedad.
El 13 de octubre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Su...
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