Diccionario de política

Vol. 20 No. 8 - Mayo de 2003

Ley Contra la Corrupción: Nuevos delitos y sanciones
El pasado 7 de abril entró en vigencia una nueva Ley Contra la Corrupción que derogó la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. La normativa afecta sensiblemente a todas aquellas organizaciones privadas que reciben transferencias de recursos públicos o que negocian directamente con instituciones yempresas del Estado El pasado 7 de abril fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria la nueva Ley Contra la Corrupción (LCC) derogando así la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (LOSPP). Lo primero que llama la atención es que una ley ordinaria derogue a una ley orgánica, pues eso en materia legislativa es como que un sargento destituya a un capitán. De modo que se espera quepronto se inicie un proceso de consulta para que el Tribunal Supremo de Justicia dictamine sobre esta práctica legislativa. La irreverencia de los legisladores venezolanos no termina allí. En una de sus disposiciones finales, (como si hubiera sido colocado allí a última hora) la nueva Ley califica a los delitos de corrupción como de “lesa patria”. Tradicionalmente se le confiere esa calificación adelitos de traición a la patria en situaciones de guerra. No hay una explicación suficientemente coherente de la razón por la cual el legislador venezolano asimila el delito de corrupción al de “lesa patria”. En un seminario sobre la nueva Ley que realizó VenEconomía conjuntamente con Baker & McKenzie, Fernando M. Fernández, abogado de ese despacho, afirmó que no se sabe con qué finalidad se le otorgóa estos delitos la calificación de "lesa patria". La Constitución prevé la no prescripción de estos delitos, pero la Ley Contra la Corrupción se adscribió a las reglas del Código Orgánico Procesal Penal, donde los delitos sí prescriben. Es por lo tanto contradictorio. Otro aspecto importante referido a la aplicación de la nueva Ley es el del procedimiento penal. Con la LOSPP las investigacionessobre actos de corrupción eran realizadas por la Contraloría General de la República (CGR), cuyos funcionarios están suficientemente capacitados en materias administrativas, por lo que resultan muy aptos para investigaciones que requieren habilidades contables y financieras. Si el funcionario de la CGR encontraba suficientes indicios y elementos para iniciar un juicio, el expediente pasaba a manosde la Fiscalía General de la República, que se encargaba de proceder con el acto judicial. Ahora los roles cambiaron y en opinión de Fernández eso podría alterar el producto final, pues corresponde a la Fiscalía realizar la investigación inicial y decidir si hay o no delito; de haberlo, el caso pasaría luego a manos de la Contraloría que decidirá si impone o no la sanción prevista. La decisión dela CGR aunque puede estar sujeta a reconsideración, agota la vía administrativa. Surge una contradicción entre la nueva Ley y el Código Orgánico Procesal Penal, pues de acuerdo con este último las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal, mientras que con la nueva Ley sí. Además, el ámbito de aplicación de las responsabilidades en materia de corrupción se extiende, afectandosignificativamente a las empresas.

Mayor ámbito de acción
De acuerdo con el ordinal 11 del artículo cuarto de la LCC se considera patrimonio público, los recursos entregados a particulares por los entes del sector público, mediante transferencias, aportes, subsidios, contribuciones o alguna otra modalidad similar para el cumplimiento de finalidades de interés o utilidad pública, hasta que se demuestra ellogro de dichas finalidades. Por lo tanto, los particulares que administran tales recursos estarán sometidos a las acciones y sanciones contempladas en la Ley. Eso significa que cualquier organización que reciba una transferencia de recursos de parte del Estado, forma parte del ámbito de acción de la Ley, ya sea que esa transferencia sea mediante un crédito, un subsidio, una donación o un...