drogas
Páginas: 14 (3465 palabras)
Publicado: 20 de octubre de 2014
Leyes de drogas y cárceles en Bolivia
Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina
La participación de Bolivia en la cadena internacional del tráfico de drogas quedó determinada por un serie de factores que van desde la tradición de cultivo y consumo ancestral de la hoja de coca en el país hasta la pobreza endémica de la población, cuyo PIB per cápita no supera los mildólares estadounidenses, y la debilidad estructural de las instituciones estatales.
application-pdfDescarga el capítulo sobre Bolivia (PDF)
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La actividad económica en torno a la hoja de coca, sea legal o ilegal, se reconoce no sólo en las más de 45.000 familias campesinas que se mantienen de su cultivo, sino además en lasmiles de personas que anualmente son privadas de libertad por involucrarse en el procesamiento y transporte de los derivados ilegales de la hoja de coca. Es la respuesta de un país que tiene altas tasas de desempleo y subempleo, y un salario mínimo que no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos.
No obstante esta relación drogas-pobreza, el Estado boliviano y la comunidad internacionalhan buscado frenar el fenómeno a través de políticas de naturaleza eminentemente represiva, en las que la erradicación forzada de cultivos y la interdicción al tráfico ilegal de la coca y sus derivados comportan con frecuencia violaciones sistemáticas de los derechos civiles y humanos.
Esta investigación tiene como objetivo mostrar las repercusiones de estas políticas en la sociedad boliviana,humanizando la cara de los reclusos por drogas y mostrando el impacto real de las políticas de drogas en sus vidas, sus familias y en las organizaciones delincuenciales. El propósito es mostrar la necesidad de hacer reformas a la Ley 1008 que aproximen la legislación a la realidad. Hay que evitar que la legislación sobre drogas incremente la pobreza, atente contra los derechos humanos y vulnere ala población frente al delito.
El estudio de Bolivia se basa en una encuesta realizada a 130 reclusos del penal de varones de San Pedro, en la ciudad de La Paz, además de otros datos oficiales. Hemos partido de la hipótesis central según la cual, y al igual que en el resto de América Latina, la crisis del hacinamiento en las cárceles de Bolivia tiene una relación causal directa con un modelode política de drogas en el que la aplicación de un derecho penal desproporcionado es atentatorio contra los derechos humanos fundamentales.
La actual ley de drogas en Bolivia (Ley 1008) no establece una diferencia entre narcomenudistas y narcotraficantes mayores, de modo que, sin contemplarse el volumen de droga implicada en los casos, las penas van desde 1 año para productores de plantascontroladas hasta 25 años por tráfico, este último, un tipo penal que guarda serias ambigüedades en su definición. Se trata de una confusión en la ley que se ve reflejada en la estructura de la población carcelaria del país.
“La falta de claridad en la ley permite que alguien que trabajaba como obrero dentro de la cadena del narcotráfico, de pronto sea tratado del mismo modo o peor que un grannarcotraficante”, dice Diego Giacoman, investigador del capítulo de Bolivia del estudio de TNI y WOLA. Justamente esta es la realidad que refleja Mario, una pisa-coca encarcelado en la prision de San Pedro, en su video testimonio. Este video, que dura 5 minutos y que es lanzado hoy, forma parte de una serie de videos grabados por WOLA y TNI mostrando el rostro humano de la guerra contra las drogas.Los videos pueden ser usado por la prensa y televisoras e incorporados en las versiones en línea de los periódicos.
Adicionalmente, el estudio muestra cómo es que el delito se vincula con la problemática de la pobreza. El 60 por ciento de los entrevistados afirmó que no ganaba más de 300 dólares mensuales antes de entrar a la cárcel. “Las cárceles bolivianas reflejan la pobreza del país en...
Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina
La participación de Bolivia en la cadena internacional del tráfico de drogas quedó determinada por un serie de factores que van desde la tradición de cultivo y consumo ancestral de la hoja de coca en el país hasta la pobreza endémica de la población, cuyo PIB per cápita no supera los mildólares estadounidenses, y la debilidad estructural de las instituciones estatales.
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La actividad económica en torno a la hoja de coca, sea legal o ilegal, se reconoce no sólo en las más de 45.000 familias campesinas que se mantienen de su cultivo, sino además en lasmiles de personas que anualmente son privadas de libertad por involucrarse en el procesamiento y transporte de los derivados ilegales de la hoja de coca. Es la respuesta de un país que tiene altas tasas de desempleo y subempleo, y un salario mínimo que no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos.
No obstante esta relación drogas-pobreza, el Estado boliviano y la comunidad internacionalhan buscado frenar el fenómeno a través de políticas de naturaleza eminentemente represiva, en las que la erradicación forzada de cultivos y la interdicción al tráfico ilegal de la coca y sus derivados comportan con frecuencia violaciones sistemáticas de los derechos civiles y humanos.
Esta investigación tiene como objetivo mostrar las repercusiones de estas políticas en la sociedad boliviana,humanizando la cara de los reclusos por drogas y mostrando el impacto real de las políticas de drogas en sus vidas, sus familias y en las organizaciones delincuenciales. El propósito es mostrar la necesidad de hacer reformas a la Ley 1008 que aproximen la legislación a la realidad. Hay que evitar que la legislación sobre drogas incremente la pobreza, atente contra los derechos humanos y vulnere ala población frente al delito.
El estudio de Bolivia se basa en una encuesta realizada a 130 reclusos del penal de varones de San Pedro, en la ciudad de La Paz, además de otros datos oficiales. Hemos partido de la hipótesis central según la cual, y al igual que en el resto de América Latina, la crisis del hacinamiento en las cárceles de Bolivia tiene una relación causal directa con un modelode política de drogas en el que la aplicación de un derecho penal desproporcionado es atentatorio contra los derechos humanos fundamentales.
La actual ley de drogas en Bolivia (Ley 1008) no establece una diferencia entre narcomenudistas y narcotraficantes mayores, de modo que, sin contemplarse el volumen de droga implicada en los casos, las penas van desde 1 año para productores de plantascontroladas hasta 25 años por tráfico, este último, un tipo penal que guarda serias ambigüedades en su definición. Se trata de una confusión en la ley que se ve reflejada en la estructura de la población carcelaria del país.
“La falta de claridad en la ley permite que alguien que trabajaba como obrero dentro de la cadena del narcotráfico, de pronto sea tratado del mismo modo o peor que un grannarcotraficante”, dice Diego Giacoman, investigador del capítulo de Bolivia del estudio de TNI y WOLA. Justamente esta es la realidad que refleja Mario, una pisa-coca encarcelado en la prision de San Pedro, en su video testimonio. Este video, que dura 5 minutos y que es lanzado hoy, forma parte de una serie de videos grabados por WOLA y TNI mostrando el rostro humano de la guerra contra las drogas.Los videos pueden ser usado por la prensa y televisoras e incorporados en las versiones en línea de los periódicos.
Adicionalmente, el estudio muestra cómo es que el delito se vincula con la problemática de la pobreza. El 60 por ciento de los entrevistados afirmó que no ganaba más de 300 dólares mensuales antes de entrar a la cárcel. “Las cárceles bolivianas reflejan la pobreza del país en...
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