El Bloque De Constitucionalidad

EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
DE LOS
DERECHOS HUMANOS LABORALES *

por
Héctor-Hugo Barbagelata


I
Introducción

1.- A lo largo del Siglo XX se concretó en un número creciente de países, una ampliación de los contenidos de las Constituciones Políticas. Casi simultáneamente, se han ido operando significativos cambios, -aunque todavía no han alcanzado ni plenitud, ni universalidad-,respecto de los efectos de las normas constitucionales, e internacionales, especialmente en lo relacionado con los derechos humanos y en particular con los calificados como económicos, sociales y culturales.
Esos cambios fueron, en muchos casos, consecuencia de la renovación de los textos constitucionales, pero también tuvo excepcional importancia, a partir de 1948, la sucesión de instrumentosregionales y universales sobre estas materias1, así como los aportes de la doctrina y de la jurisprudencia. Tal cuadro ha continuado perfeccionándose a través de las sentencias de los tribunales constitucionales y laborales más abiertos a la innovación, junto con los pareceres y decisiones de las comisiones y tribunales internacionales sobre derechos humanos.
2.- En la actualidad, cuandolas referidas transformaciones ya se han extendido y consolidado en muchos Estados, es posible afirmar que crece la convicción de que, -como enseñaba Alonso Olea-, no obstante “el diferente grado de protección del contenido” que pueda acordarle la Constitución, no es diferente el “rango jurídico” de los derechos económicos, sociales y culturales, respecto de los clásicos derechos civiles ypolíticos2.
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* El presente artículo fue escrito en adhesión al homenaje que la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social le tributó al eminente laboralista Manuel Alonso Olea recientemente fallecido. Dicho homenaje, consistió en un volumen que acaba de ser publicado bajo el título de El trabajo y la Constitución, por el Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales de España en el que se recogieron las contribuciones de los académicos con ese propóaito.
Asimismo, tiende a alcanzar generalizada aceptación la tesis que sostiene que las normas sobre los derechos humanos, entre los cuales los sociales, tienen vocación de alcanzar no sólo, como se pensó durante mucho tiempo, las relaciones con el Estado o entre Estados, sino también todas lasmanifestaciones de la actividad de los individuos y consiguientemente las relaciones entre particulares 3.
Por los caminos señalados, se han desarrollado diversas estrategias para lograr la exigibilidad y justicialidad de disposiciones que, sea por insuficiencias o indefinición de su texto, sea por falta de la reglamentación legal apropiada, o por restricciones establecidas por lasdisposiciones constitucionales o reglamentarias, -en especial las orgánicas de los tribunales orrespondientes-, parecen carecer de las condiciones requeridas para que sea posible el control de su aplicación a las relaciones entre particulares4 .
Incluso ha podido aseverarse que, en ciertos casos, “las garantías jurisdiccionales de un derecho social pueden ser aún más efectivas que las de underecho de libertad”5.

3.- Por otra parte, desde el último cuarto del siglo XX ha cobrado cada vez mayor fuerza la doctrina que reconoce la validez jurídica de las disposiciones calificadas como programáticas de los instrumentos internacionales o de la propia Constitución, en el entendido que no sólo “constituirá un deber para el Estado legislar en el sentido de tales disposiciones [sino queademás, éstas] ofrecerán un criterio de interpretación del derecho interno vigente y, a falta de disposición de derecho interno en la materia, tendrán un valor supletorio”6.

4.- En ese marco, la doctrina y la jurisprudencia constitucional han llegado también a aceptar la integración de todos los principios y normas sobre derechos humanos, cualquiera sea su fuente, en un bloque de la más alta...