Elias


Algunas reflexiones sobre la justificación mixta del control judicial de constitucionalidad.
Por José Sebastián Elias

I. Introducción.

Podría decirse, tal vez, que “Marbury v. Madison” es una de las decisiones judiciales más trascendentes de la historia moderna, en cuanto a su alcance en la cultura jurídica y política mundial. John Marshall ciertamente no inventó el control judicial deconstitucionalidad,1 pero la agudeza de su pluma y el fuerte atractivo inicial de la lógica de su argumento permitieron la transformación de “Marbury” en la autoridad fundacional de la práctica en su país de origen. La originalidad constitucional del modelo estadounidense y el peso específico que adquiriría ese país hicieron el resto, transformando a aquella sentencia en fuente de inspiraciónconstitucional para muchas otras naciones. Sin embargo, y a pesar del carácter establecido del control judicial como un rasgo del sistema constitucional de los Estados Unidos, su aceptación social no implica la ausencia de debate a su alrededor. Todo lo contrario.

Desde al menos comienzos del siglo XX, los teóricos constitucionales del mundo estadounidense han discutido fervientemente sobre lalegitimidad del control judicial de constitucionalidad. La discusión, por cierto, ha trascendido las fronteras del país del norte. ¿Cuál es la razón, si es que hay alguna, que justifica que, en un sistema democrático, un grupo de jueces no elegidos por el pueblo y sin responsabilidad política directa, puedan invalidar decisiones tomadas por los representantes del pueblo, democráticamente elegidos? Esta esla pregunta a la que se han dedicado incontables horas de reflexión intelectual y ríos de tinta en idioma inglés. Responder a —o, alternativamente, reforzar— la “dificultad contramayoritaria” se transformó en una verdadera obsesión académica.

Argentina adoptó la idea de “Marbury”. Sin embargo, y tal vez con buenas razones, no importó la discusión.2 Ciertamente, no importó la obsesión. Sin embargo,más allá de razones pragmáticas que puedan justificar la existencia del control judicial en nuestro país, la discusión de principios no deja de ser importante, a los fines de configurar la práctica.

Los más recientes críticos sostienen, básicamente, que es dudoso que el control judicial permita mejorar los resultados que produce el sistema político y que, en todo caso, es manifiestamenteilegítimo desde una perspectiva de principios. En efecto, por cada sentencia judicial protectora de derechos puede mencionarse un contraejemplo de desprotección. Y como la validez de las decisiones judiciales en materia constitucional no está subordinada a su corrección última,3 el control judicial consiste simplemente en el desplazamiento de las mayorías legislativas por las mayorías judiciales. Elcontrol judicial es una forma de decisión procedimental, tan falible como la decisión mayoritaria en órganos electivos, pero de menor legitimidad desde el punto de vista democrático.4 La regla de la mayoría, en asambleas representativas, sería el procedimiento de decisión adecuado para resolver controversias sobre la existencia o contenido de los derechos, en tanto ella respetaría el igual valor de losindividuos5 y crearía el sistema de libertades políticas más extensas posibles.6

La cuestión, así planteada, no puede dejar de incomodar a quienes sostenemos que, al menos en ciertas circunstancias, se trata de una práctica deseable. No pretendo, como imaginará el lector, brindar una alternativa completa que se haga cargo de las críticas centrales. Más modestamente, me propongo simplementesugerir que el control judicial puede ser concebido como un mecanismo que aumenta la legitimidad del sistema político, en tanto garantiza a las personas ser oídas, individualmente, cuando sus derechos están en juego, y a la vez obliga al gobierno a brindar razones específicas que justifiquen las restricciones (o denegaciones) de derechos. Además del valor intrínseco que esto implica, podría...