ENSAYO 1
Páginas: 12 (2939 palabras)
Publicado: 10 de noviembre de 2014
Bogotá, D.C., (Con sello 17 JUN. 2010)
Señores
MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.
REF.: Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1 del artículo 82 de la Ley 599 de 2000, artículo 38 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 77 de la Ley 906 de 2004.
Actores: Mauricio Luna Bisbal y Diego Luna de Aliaga.
Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.Expediente No. D-8122
Concepto No. 4978
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2o., y 278, numeral 5o., de la Constitución Política, rindo concepto sobre la demanda instaurada por los ciudadanos MAURICIO LUNA BISBAL Y DIEGO LUNA DE ALIAGA. Los actores, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6o., y 242, numeral 1o., de la Carta,solicitan se declare la inconstitucionalidad de la expresión “muerte”, como causal de extinción de la acción penal, contenida en el numeral 1 del artículo 82 de la Ley 599 de 2000, en el artículo 38 de la Ley 600 de 2000 y en el artículo 77 de la Ley 906 de 2004, disposiciones que a continuación se transcriben:
“LEY 599 DE 2000
Por la cual se expide el Código Penal
ARTICULO 82. EXTINCION DELA ACCION PENAL. Son causales de extinción de la acción penal:
1. La muerte del procesado.”
“Ley 600 de 2000
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
ARTICULO 38. EXTINCION. La acción penal se extingue por muerte, desistimiento, amnistía, prescripción, oblación, conciliación, indemnización integral y en los demás casos contemplados por la ley.”
“Ley 906 2004
Porla cual se expide el Código de Procedimiento Penal
ARTÍCULO 77. EXTINCIÓN. La acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, caducidad de la querella, desistimiento, y en los demás casos contemplados por la ley.”
1. Planteamientos de la demanda.
Los actores afirman que las disposiciones impugnadasvulneran los artículos 1, 2, 21, 29, 58 y 229 de la Constitución, y los artículos 8, 21 numeral 2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Con la convicción de que es viable que el Estado prosiga los procesos penales, aún en el caso de que los procesados mueran, pues ello permite garantizar a las víctimas y a los perjudicados, su derecho a la verdad, la justicia y la reparación y,además, permite a los sucesores del fallecido aceptar con tranquilidad la herencia, los actores esgrimen cuatro razones para sustentar su afirmación, a saber: la participación activa de las víctimas, la reparación integral de las víctimas, el enriquecimiento injustificado de la sucesión y la posibilidad de juzgar a los ausentes.
La terminación abrupta del proceso penal, por la muerte del procesado,impide la participación activa de las personas víctimas de los presuntos delitos cometidos; truncar este derecho a participar afecta el fundamento mismo del Estado Social de Derecho. La terminación del proceso también afecta a los familiares del procesado, pues ellos tienen interés en proteger la honra de su ser querido y los bienes de la masa sucesoral, los cuales pueden ser perseguidos por lassupuestas víctimas o perjudicados.
La terminación del proceso en las circunstancias antedichas, vulnera el derecho de las víctimas a que se defina la responsabilidad penal y, de contera, se proceda a hacer la reparación integral de los daños sufridos. Si no hay condena, porque el procesado fallece antes, los derechos patrimoniales que corresponden a la reparación de las víctimas pueden quedaren entredicho.
El empobrecimiento de las víctimas, que ven frustrado su derecho a ser reparadas de manera integral, tiene como contrapartida el enriquecimiento injustificado de la masa sucesoral del procesado, pues sin haberse establecido la responsabilidad penal, sus bienes no pueden ser empleados para pagar las indemnizaciones que en justicia corresponden.
La muerte del procesado no...
Señores
MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.
REF.: Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1 del artículo 82 de la Ley 599 de 2000, artículo 38 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 77 de la Ley 906 de 2004.
Actores: Mauricio Luna Bisbal y Diego Luna de Aliaga.
Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.Expediente No. D-8122
Concepto No. 4978
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2o., y 278, numeral 5o., de la Constitución Política, rindo concepto sobre la demanda instaurada por los ciudadanos MAURICIO LUNA BISBAL Y DIEGO LUNA DE ALIAGA. Los actores, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6o., y 242, numeral 1o., de la Carta,solicitan se declare la inconstitucionalidad de la expresión “muerte”, como causal de extinción de la acción penal, contenida en el numeral 1 del artículo 82 de la Ley 599 de 2000, en el artículo 38 de la Ley 600 de 2000 y en el artículo 77 de la Ley 906 de 2004, disposiciones que a continuación se transcriben:
“LEY 599 DE 2000
Por la cual se expide el Código Penal
ARTICULO 82. EXTINCION DELA ACCION PENAL. Son causales de extinción de la acción penal:
1. La muerte del procesado.”
“Ley 600 de 2000
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
ARTICULO 38. EXTINCION. La acción penal se extingue por muerte, desistimiento, amnistía, prescripción, oblación, conciliación, indemnización integral y en los demás casos contemplados por la ley.”
“Ley 906 2004
Porla cual se expide el Código de Procedimiento Penal
ARTÍCULO 77. EXTINCIÓN. La acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, caducidad de la querella, desistimiento, y en los demás casos contemplados por la ley.”
1. Planteamientos de la demanda.
Los actores afirman que las disposiciones impugnadasvulneran los artículos 1, 2, 21, 29, 58 y 229 de la Constitución, y los artículos 8, 21 numeral 2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Con la convicción de que es viable que el Estado prosiga los procesos penales, aún en el caso de que los procesados mueran, pues ello permite garantizar a las víctimas y a los perjudicados, su derecho a la verdad, la justicia y la reparación y,además, permite a los sucesores del fallecido aceptar con tranquilidad la herencia, los actores esgrimen cuatro razones para sustentar su afirmación, a saber: la participación activa de las víctimas, la reparación integral de las víctimas, el enriquecimiento injustificado de la sucesión y la posibilidad de juzgar a los ausentes.
La terminación abrupta del proceso penal, por la muerte del procesado,impide la participación activa de las personas víctimas de los presuntos delitos cometidos; truncar este derecho a participar afecta el fundamento mismo del Estado Social de Derecho. La terminación del proceso también afecta a los familiares del procesado, pues ellos tienen interés en proteger la honra de su ser querido y los bienes de la masa sucesoral, los cuales pueden ser perseguidos por lassupuestas víctimas o perjudicados.
La terminación del proceso en las circunstancias antedichas, vulnera el derecho de las víctimas a que se defina la responsabilidad penal y, de contera, se proceda a hacer la reparación integral de los daños sufridos. Si no hay condena, porque el procesado fallece antes, los derechos patrimoniales que corresponden a la reparación de las víctimas pueden quedaren entredicho.
El empobrecimiento de las víctimas, que ven frustrado su derecho a ser reparadas de manera integral, tiene como contrapartida el enriquecimiento injustificado de la masa sucesoral del procesado, pues sin haberse establecido la responsabilidad penal, sus bienes no pueden ser empleados para pagar las indemnizaciones que en justicia corresponden.
La muerte del procesado no...
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