Ensayo

La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) es una ley colombiana, impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el Congreso de Colombia, como marco jurídico para el proceso dedesmovilización de paramilitares en Colombia, aunque eventualmente podría ser utilizada en procesos de desmovilización de grupos guerrilleros.
Controversia
Durante su redacción y trámite, proyecto de leyfue criticado por grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas, entre otras organizaciones. Sus críticos consideraron que podía ser demasiado generoso al ofrecer penas de 5 a 8 años por delitosgraves, aplicables a aquellos delitos que los mismos desmovilizados confiesen o que el Estado pueda probar posteriormente. También se ha criticado el que en un principio fuese relativamente limitado elperíodo de tiempo para las investigaciones o procesos de delación que ayuden a generar el material probatorio. Las Naciones Unidas, mediante su vocero Michael Frühling, han criticado el que larealización de una confesión total no fuera un requisito del proceso, sino que en principio se exija más bien una especie de versión libre sobre las actividades criminales de los desmovilizados, argumentandoque eso constituiría un obstáculo para el pleno desmantelamiento del paramilitarismo y la reparación a las víctimas.
El gobierno colombiano y los defensores de la Ley de Justicia y Paz argumentaronque había que encontrar un balance entre los requerimientos de la justicia y los de la paz, lo que implica la aceptación de cierta impunidad implícita dentro de un proceso de negociación. También seargumentó que fue la primera ley y el primer proceso de desmovilización que ofrecía penas a combatientes y dirigentes que no habían sido vencidos en combate, en contraste con los procesos dedesmovilización previos con las guerrillas. El entonces ministro del Interior y Justicia Sabas Pretelt declaró ante los medios que el exigir la confesión total podría haber constituido una violación a la...