estado social de derecho y de justicia

Humberto Ocando Ocando y Thais Pirela Isarra
Escuela de Derecho. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Maracaibo – Venezuela hjocando@gmail.com -thaispirela1206@hotmail.com
1. Introducción
La Sentencia No. 85 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (véase en http://www.tsj.gov.ve), se trata de una decisión que ha producido un impacto en el ordenjurídico y social del Estado venezolano, por cuanto dicha sentencia constituye un nuevo paradigma de interpretación constitucional de los efectos del Estado Social de Derecho sobre el imperio de la autonomía de la voluntad de los particulares y el deber del Estado de proteger los intereses de los llamados débiles jurídicos, mediante el establecimiento y reconocimiento de las limitaciones a lavoluntad contractual, lo que ciertamente, permitirá al poder judicial cumplir con su función de tutelar al débil como valor jurídico, pues no puede existir una protección constitucional a expensas de los derechos fundamentales de otros.
Por otra parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no establece en su articulado una definición de lo que debe entenderse por Estado Social deDerecho y de Justicia, es por ello que los autores pretenden con su análisis presentar a los lectores el criterio de la Sala Constitucional, de lo que se debe considerar como Estado Social de Derecho y de Justicia, cuyo fin es la armonía de las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales,impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación y que a través de una debida tutela judicial efectiva el Estado proporcionara Justicia, como valor supremo de todos los hombres en sociedad y fin último que justifica la existencia del Estado como modelo social democrático que garantiza la convivenciapacífica y armónica de los pueblos.
2. Resumen de los hechos expuestos en la sentencia
Del estudio y análisis de la citada sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en adelante Sala Constitucional), se observa que en la misma se dispuso un conjunto de regulaciones para los créditos hipotecarios destinados a la adquisición de viviendas y para aquellos usuarios destinados ala adquisición de aparatos y/o vehículos. En este sentido, se puede apreciar que tal sentencia fue proferida con ocasión de la demanda de protección de derechos e intereses difusos o colectivos interpuesta en fecha 21 de agosto de 2001, por ante la Sala Constitucional, propuesta por la Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal (ASODEVIPRILARA) en contra de la Superintendencia deBancos y Otros Instituciones Financieras, así como en contra del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU), por falta de cumplimiento de sus deberes inherentes a sus cargos, lo cual habría permitido que numerosas entidades tanto bancarias como de ahorro y préstamo hayan otorgado créditos hipotecarios y comerciales, con reserva de dominio oquirografarios, denominados “créditos mejicanos indexados al salario”; materializándose así la violación de derechos y garantías constitucionales de todos estos ciudadanos y ciudadanas prestatarios de los prenombrados créditos.
Se aprecia, igualmente, que el fallo indicado fue dictado habida consideración de que el denominado “crédito mejicano indexado al salario” se venía otorgando en virtud de laaplicación de la Ley de Política Habitacional, sobre aquellos créditos otorgados para adquirir vivienda, en los cuales el reintegro del préstamo se efectuaba mediante cuotas comprensivas de abonos o pagos parciales al capital, más los intereses compensatorios, siempre y cuando dichas cuotas no excedieran el treinta por ciento (30%) del ingreso salarial del prestatario y, en los cuales además,...