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La prensa informó el lunes que la Sección Primera del Consejo de Estadoseñaló que con su decreto, el Gobierno trató de reglamentar la sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos específicos, sin haber una ley y una reglamentaciónque solo pueden ser expedidas por el Parlamento.
En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación recordó ayer que este decreto “ya había sido suspendido provisionalmente, en decisión adoptadapor medio de Auto del 15 de octubre de 2009 y confirmada el 26 de noviembre de ese mismo año”.
Entre las razones, señaló, se consideró que “se hace imperiosa la necesidad de que el legisladorordinario, en virtud del pronunciamiento de la Corte Constitucional, regule la materia relacionada con el aborto (…), pues de no ser así se llegaría al absurdo de entender que la sentencia de la CorteConstitucional hace las veces de ley y que el Gobierno Nacional puede reglamentar una sentencia”.
Por tanto, debido a que ninguna autoridad “se encontraba facultada para aplicar o reproducir el actosuspendido, ni siquiera parcialmente, en reiteradas ocasiones el procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado” solicitó al Consejo de Estado, a diferentes autoridades administrativas e incluso a la CorteConstitucional, “que respetaran y garantizaran el cumplimiento de la citada suspensión”.
En ese sentido, afirmó que con esta decisión, el Consejo de Estado “confirmó que para reglamentar los casos enque el tipo penal de aborto no constituye delito, y para establecer derechos, obligaciones o responsabilidades en esa materia, entre otros, es imprescindible que exista una Ley de la República”....
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