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2. Institución que implementa la política pública:
La ley 30 de 1992 responde al espíritu garantista de la Constitución Política de 1991. En este sentido, la nueva constituyente le abre las puertas a una educación superior de calidad. Así pues, la educación se entiende como un derecho y un servicio público con función social. De modo que, el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica ya los demás bienes y valores de la cultura son fundamentales para construir un Estado Social de Derecho sólido. “La Ley 30 de 1992 abordó de manera especial la educación superior, a fin de desarrollar aspectos fundamentales como el principio de autonomía universitaria, el Estatuto Orgánico, el funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas y privadas; promover la estructura delsistema de acreditación y establecer los mecanismos de financiación para la educación superior pública.” (Documento base para la discusión del proyecto de ley por el cual se regula el servicio público de la educación superior)
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible vislumbrar las reformas que ha tenido la política de la educación superior a lo largo de estos 21 años bajo los diferentesgobiernos. A continuación se presenta un diagrama que da cuenta de las instituciones y las personas que han implementado esta política pública.
2.1 Instituciones y personas que implementan la política pública:
Fuente: Elaboración propia.
2.2. Organigrama del Ministerio de Educación:





















Fuente: Elaboración propia. Tomado de www.mineducación.gov.co



2.3.Aplicación de los conceptos de Richard Elmore:
De acuerdo con Elmore (1979) las organizaciones simplifican los procesos y crean unidades especializadas. De manera que si comprendemos la forma en la que trabajan las organizaciones podremos entender el proceso de moldeamiento de las políticas durante su implementación. Así las cosas, Elmore propone cuatro modelos organizacionales: el modelo deadministración de sistemas, el modelo del proceso burocrático, el modelo de desarrollo organizacional y el modelo del conflicto y la negociación.
Consideramos que la política pública de la educación superior se puede analizar bajo el modelo de la administración de sistemas. Dicho modelo propone como principio central que “Las organizaciones deben funcionar como maximizadoras racionales de losvalores. El atributo esencial de la racionalidad es el comportamiento orientado a fines. Las organizaciones son eficaces en la medida en la que maximizan el cumplimiento de sus fines y objetivos prioritarios.” (Elmore, 1979, p. 192).
En este sentido, vemos que la Ley 30 de 1992 es una política pública apalancada por el Ministerio de Educación y propiciada por el gobierno. Por tal razón, las tareasque desempeña la organización están bien definidas y pretenden alcanzar objetivos contundentes como la apertura de cupos universitarios, la autonomía de las universidades, el aumento en los mecanismos de control y sanción y la individualización de la educación en pro al cumplimiento de garantías y derechos que estén en concordancia con el aumento en la calidad de vida de los colombianos.
De igualmanera, la Ley 30 de 1992 se estructura sobre el principio de control jerárquico. De ahí que se configure desde un enfoque top-down. Por consiguiente, la responsabilidad del cumplimiento de la política reside en la cúspide de la pirámide que distribuye tareas objetivas en aras del cumplimiento de objetivos operativos concretos.
Por otro lado, la toma de decisiones, en el enfoque, se hace apartir de la asignación óptima de responsabilidades. Lo anterior, se evidencia en la Ley 30 de 1992 en la medida en que los despachos del Ministerio de Educación cuentan con funciones específicas orientadas hacia la calidad de la educación superior. En últimas, vemos que la Ley 30 de 1992 se inscribe en este modelo en tanto el proceso de implementación de la política se desarrolla mediante: la...