Incesto

jo el supuesto de que la reflexión acerca de la moralidad pública - o sobre la cultura o las relaciones sociales - no resulta extraña al control constitucional del juez del Estado social ydemocrático de derecho, resta determinar, más concretamente, en qué eventos y de qué manera puede introducirse en el juicio constitucional un argumento de moralidad pública para fundamentar una decisiónjudicial.

6. La Constitución expresamente señala que los derechos de los demás y el orden jurídico limitan el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En tales condiciones, no puede negarse allegislador la atribución de dictar reglas necesarias a fin de preservar el orden público, uno de cuyos componentes esenciales, fuente legítima de restricciones a la libertad y autonomía de los individuos,es precisamente la moral pública. Así, por ejemplo, el legislador está autorizado para restringir, en nombre de ciertos principios de moralidad pública, la libertad negocial de los individuos oimpedir o desestimular la realización pública de ciertos comportamientos que, en virtud de tales principios, se consideran privados.

En este mismo sentido, es necesario indicar que los tratadosinternacionales sobre derechos humanos, suscritos por el país, con las cautelas y dentro de los límites consustanciales a una sociedad democrática, reconocen a los estados el poder de limitar los derechos delibertad, entre otros motivos, por consideraciones ligadas a la moralidad pública.

No obstante, la regla anterior requiere múltiples precisiones. En efecto, el hecho de que la Constitución y lostratados internacionales sobre derechos humanos admitan la posibilidad de restringir la libertad en nombre de ciertos principios morales no significa que cualquier regla moral sirva para tales efectoso que toda restricción resulte constitucionalmente legítima. En esta cuestión, como en la mayoría de los asuntos constitucionales, es esencial definir el alcance de cada uno de los términos y...