Informe Control Constitucional En Colombia

JUZGAR Y MEDIR.
El uso de indicadores de derechos humanos por la Corte Constitucional Colombiana



Rodrigo Uprimny Yepes
Nelson Camilo Sánchez


Dada su magnitud y permanencia en el tiempo, el desplazamiento forzado de personas en Colombia es no sólo una de las violaciones sistemáticas más graves del Continente Americano, sino además, la tragedia humanitaria más preocupante de todo elHemisferio occidental[1]. Enfrentar una situación de este tipo es, para cualquier Estado, una tarea considerable, costosa y compleja. Este reto es aún más difícil si se trata de un país con importantes déficits democráticos, financieros e institucionales, como es el caso del Estado colombiano. En efecto, Colombia no se precia de una larga historia de formulación e implementación de políticaspúblicas basadas en derechos humanos y sus poderes públicos, especialmente el legislativo y el ejecutivo, han mostrado dificultades para dar una respuesta rápida y coordinada a las víctimas de un conflicto que ya sobrepasa el medio siglo de vigencia.

En situaciones como estas, el poder judicial puede adoptar un importante rol de protector de derechos y de impulsor de los otros poderes públicos. Ese esprecisamente el caso de la Corte Constitucional colombiana, que se dio a la tarea no sólo de declarar que la precariedad de las políticas públicas en materia de atención a la población víctima del desplazamiento forzado era una grave violación de derechos humanos, sino que además estableció los correctivos necesarios para la cesación de las violaciones y estableció un complejo y dinámicoprocedimiento de seguimiento y evaluación del esfuerzo institucional para el cumplimiento de la sentencia. Así, a partir de la resolución de una serie de acciones de tutela (el equivalente a lo que regionalmente se conoce como recurso de amparo), la Corte Constitucional dio inicio a un proceso de formulación, implementación y verificación de políticas públicas basadas en derechos humanos sin precedentesen la historia colombiana y latinoamericana.

Con esto no queremos decir que la intervención del tribunal colombiano ha sido única en su especie. En tiempos recientes ha sido común que tribunales constitucionales e internacionales, tras verificar falencias estructurales de política pública, ordenen proveer diversos remedios judiciales que pueden llevar a involucrar diversas medidas y requerir delconcurso de varias autoridades públicas para su implementación. Sin embargo, muchos de estos correctivos judiciales han sido criticados – con razón - por no haber tenido en la cuenta la capacidad técnica de los órganos judiciales para asegurar el cumplimiento de sus órdenes.

Como respuesta, algunas cortes y tribunales han ido creando herramientas destinadas a garantizar el cumplimiento de susórdenes. Como la gran mayoría de estas órdenes no son de aquellas en las que se puede garantizar el cumplimiento inmediato, los propios tribunales o los académicos han realizado un esfuerzo notable por perfeccionar mecanismos de medición del esfuerzo de las autoridades estatales en el cumplimiento y para la creación de criterios para la fijación de metas y cronogramas razonables de cumplimiento. Unmecanismo que ha resultado muy útil para llevar a cabo esta tarea es la medición a través de indicadores objetivos que permitan analizar el grado de cumplimiento de las órdenes judiciales. La construcción de estos indicadores se inserta a su vez dentro de una tendencia internacional orientada a la formulación y aplicación de indicadores basados en derechos humanos. No obstante, aun son pococonocidas, a nivel comparado, experiencias prácticas en las que tribunales nacionales hayan establecido baterías de indicadores de cumplimiento que hayan desembocado en procesos de seguimiento exitoso.

En este contexto es donde adquiere gran relevancia la intervención de la Corte Constitucional en el caso de atención a la población desplazada, pues allí el tribunal ha desplegado un proceso de...