Intervencion corte constitucional

Bogotá, D. C., 22 de agosto de 2012

Honorable Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena

Ref: Demanda de Inconstitucionalidad parcial contra los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223, y 224 del Decreto Ley 019 de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, radicado en sudespacho con el número 9091 del 8 de agosto del 2012.
César Augusto Lozano García identificado con Cédula De Ciudadanía No. 14.297.530 de Ibagué y Ramón Niño identificado con Cédula De Ciudadanía No. 52.985.503 de Bogotá D. C., nacional colombianos, domiciliados en Bogotá D. C., en razón al término para participar en la demanda de inconstitucionalidad ya referida para impugnar o defender la tesispropuesta por el demandante Dr. José Gregorio Hernández Galindo, manifestamos:
Es claro que el demandante fundamenta la inconstitucionalidad de los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223, y 224 del Decreto Ley 019 de 2012, por manifiesta violación al debido proceso y al principio de publicidad, a lo que estamos totalmente de acuerdo, por tanto, a continuación expondremos los motivos que anuestra opinión deben ser tenidos en cuenta por tan Honorable Institución para que declare la Inexequibilidad parcial de los mismos.
En primer lugar debemos recordar que el constituyente de 1991, se propuso dignificar al hombre, y para lograr este reto, dispuso una serie de derechos fundamentales entre los cuales encontramos el debido proceso, ubicado en el artículo 29, en su primer párrafo reza: “Eldebido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” más adelante estipula “…Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra…”., pero alexaminar este enunciado con lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, y 62 del Decreto Ley 019 de 2012, resulta que tenemos un retroceso procesal, por cuanto la nueva disposición dispone que la notificación de las actuaciones administrativas adelantas por la DIAN, a falta de dirección del domicilio del interesado o cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, o una vezenviada a notificar por correo y ésta sea devuelta sin importar la razón, la respectiva notificación se hará a través del portal Web de la DIAN, mediante un mecanismo de búsqueda que al digitar el número de identificación del afectado aparezca la referida actuación administrativa. Resulta que lo expuesto anteriormente cercena el debido proceso, por cuanto en Colombia no hay una real cobertura ainternet, la medida se circunscribe a un grupo privilegiado, la medida al ser aplicada rompe con la igualdad procesal de la que por derecho constitucional tenemos todos los ciudadanos, luego obliga al que no posea un computador, adquirirlo y no siendo esto dificultoso, paralelamente implica someterse a un plan de internet, lo cual resulta siendo gravoso.
No olvidemos que lo dispuesto en losartículos demandados, posibilita que en el cualquier instante estemos siendo objeto de una actuación administrativa sin siquiera ser comunicados de la misma, no por negligencia de la administración, y en esto quiero ser claro, si no por la forma en que el legislador regula la notificación de la actuación administrativa.
El debido proceso consta de un fin fundamental, el de imponer a laadministración estatal un cerco que no permita la arbitrariedad, pasando por encima de postulados constitucionales tan esenciales del Estado Social De Derecho, como es la participación ciudadana en cualquier actuación de carácter administrativo, máxime cuando es iniciada de oficio y la misma resulta lesiva para los administrados.
Lo dicho anteriormente, nos lleva ineludiblemente al principio de...