Jesuitas el salvador

Caso Jesuitas

Informe de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre la impunidad respecto de las ejecuciones arbitrarias de Ignacio Ellacuría, S. J.; Ignacio Martín Baró, S.J.; Joaquín López y López, S.J.; Amando López, S.J.; Segundo Montes, S.J.; Juan Ramón Moreno, S.J.; Elba Julia Ramos y Celina Mariceth Ramos.

Emitido el día 30 de octubre de 2002.

I.INTRODUCCIÓN

Los Sacerdotes Jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Joaquín López y López, Amando López, Juan Ramón Moreno, así como la señora Julia Elba Ramos y su hija adolescente, Celina Mariceth Ramos, fueron asesinados por miembros de la Fuerza Armada del Gobierno de El Salvador en el interior del recinto de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”,durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Las ejecuciones arbitrarias se produjeron en el contexto de una ofensiva guerrillera de gran envergadura, especialmente en la capital de la República. Las víctimas eran civiles que no participaban, en modo alguno, de actividades militares y el padre Ignacio Ellacuría se había destacado notablemente en promover una solución pacífica al conflicto armadosalvadoreño, así como en la denuncia de las injusticias sociales que afligían a las mayorías más desposeídas de la población.

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Transcurridos trece años, desde la masacre, estos crímenes aún siguen en la impunidad. Como se referirá más adelante, algunos de los autores materiales fueron llevados a un tribunal de jurado en septiembre de 1991; inexplicablemente, el jurado absolvió a losintegrantes del comando de ejecución, todos ellos miembros del Batallón de Infantería Atlacatl, por lo que únicamente se condenó a dos oficiales del ejército –uno de ellos de alto rango-, quienes se vieron favorecidos con la amnistía general de 19931. Los familiares y compañeros de la comunidad académica y religiosa de los mártires, representados por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (enadelante la Universidad Centroamericana o la UCA)2, han buscado justicia en los tribunales desde el año 2000, para que sean investigados los autores intelectuales de los asesinatos. No obstante, el acceso a la justicia ha sido denegado, reiteradamente, por autoridades fiscales y judiciales desde entonces, lo que ha motivado a las víctimas a invocar la justicia constitucional. En su informe finalde marzo de 1993, la Comisión de la Verdad para El Salvador atribuyó la autoría intelectual de los crímenes a miembros de la alta jerarquía militar de aquél entonces; las víctimas, también han imputado responsabilidad, en el mismo sentido, al ex Presidente de la República, Alfredo Félix Cristiani y al ex Ministro de la Defensa, General Rafael Humberto Larios. La Procuraduría para la Defensa de losDerechos Humanos, emite el presente informe especial, de conformidad a sus facultades establecidas en el Artículo 194.I, ordinales 1°, 11° y 12° de la Constitución de la República, en atención a la alta relevancia que el presente caso reviste para el tránsito hacia la democracia y el imperio de la justicia en El Salvador. Como declaramos en nuestro informe especial sobre la impunidad en elasesinato del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero3, esta Procuraduría “hace suya la aspiración nacional de una verdadera reconciliación entre los salvadoreños, de la cual nazca un esfuerzo común y permanente por construir un verdadero Estado Constitucional y Democrático de Derecho; no obstante, tal como lo manda nuestra Constitución y el Derecho Internacional de los DerechosHumanos, este proceso no puede partir de la negación de los más elementales derechos de aquellas víctimas que, pese a la evidencia de los atroces atropellos que sufrieron, se han visto sistemática y abrumadoramente vulnerados en sus derechos de conocer la verdad, de acceder a recursos judiciales efectivos y obtener reparaciones adecuadas... Aceptar que la construcción de la
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Los militares...