Jurisprudencia Administrativo

Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fernández Arias, Elena y otros c. Poggio, José (Suc) • 19/09/1960
1 - El reconocimiento de facultades jurisdiccionales a órganos administrativos constituye uno de los modos universales de responder, pragmáticamente, al premioso reclamo de los hechos que componen la realidad de este tiempo, mucho más vasta y compleja que la que pudieron imaginar losconstituyentes del siglo pasado y se asienta en la idea de que una administración ágil, eficaz y dotada de competencia amplia es instrumento apto para resguardar, en determinados aspectos, fundamentales intereses colectivos de contenido económico y social, los que de otra manera sólo podrían ser tardía o insuficientemente satisfechos.
2 - El total desposeimiento de atribuciones que enperjuicio del Poder Judicial consuman las leyes 13.246, 13.897 y 14.451 no puede ser convalidado por cuanto dichas normas implican una violación patente del principio de la división de poderes.
3 - Aun cuando el art. 18 de la Constitución Nacional no requiere multiplicidad de instancias, según ha sido uniformemente resuelto, debe entenderse que si impone una instancia judicial al menos, siempre queestén en juego derechos, relaciones e intereses como los del sub lite - litigio entre particulares atinente al desalojo del arrendatario fundado en el art. 3º, incs. d) y g) de la ley 14.451 -, los que de ningún modo pueden ser totalmente sustraídos al conocimiento de los jueces ordinarios sin agravio constitucional reparable por la vía del art. 14 de la ley 48.
4 - La privación de justicia seconfigura toda vez que un particular, no obstante hallarse protegido por la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional queda sin juez a quien reclamar la tutela de su derecho, sea que ello ocurra con motivo de situaciones contradictorias, o en virtud de la derogación de las normas que creaban los tribunales competentes para entender en la causa, o bien - como acontece en la especie - a raízde preceptos legales - leyes 13246, 13.897 y 14.451 - que lisa y llanamente excluyen la debida intervención judicial.
5 - Si las disposiciones que gobiernan el caso impiden a las partes tener acceso a una instancia judicial propiamente dicha, como lo hacen las leyes 13246, 13.897 y 14.451 que el recurrente tacha de inválidas, existe agravio constitucional originado en privación de justicia.6 - Control judicial suficiente quiere decir: a) reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios; b) negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubieran elegido la víaadministrativa, privándose voluntariamente de la judicial. La simple facultad de deducir recurso extraordinario basado en inconstitucionalidad o arbitrariedad, no satisface las exigencias que en la especie han de tenerse por imperativas.
7 - La medida del control judicial requerido en relación al pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos, deberá ser la que resulte de unconjunto de factores y circunstancias variables o contingentes, entre los que podría mencionarse, a título de ejemplo, la naturaleza del derecho individual invocado, la magnitud de los intereses públicos comprometidos, la complejidad de la organización administrativa creada para garantizarlos, la mayor o menor descentralización del tribunal administrativo, etcétera.
8 - El pronunciamientojurisdiccional emanado de órganos administrativos debe quedar sujeto a control judicial suficiente, a fin de impedir que aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior.
9 - La Corte Suprema, en numerosos fallos, ha resuelto que es compatible con la Ley Fundamental la creación de órganos, procedimientos y jurisdicciones especiales - de índole...