Jurisprudencia

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Exp. #00-007428-0007-CO-P

#7818-00

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José, a las 16:45 horas del 5 de setiembre de 2000.

Acciones de inconstitucionalidad acumuladas promovidas por Edgardo Picado Araya, mayor, soltero, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad número 1-735-721, vecino de Heredia y Méndez Zamora Jorge, casado, vecino de Guápiles,cédula 3-270-068, ambos Abogados, contra los artículos 107 y 132 inciso 1° de la Constitución Política y 8 ° inciso 1º del Código Electoral.

Resultando:

I — Por sendos escritos recibidos en la Secretaría de la Sala a las 16:37 horas del 21 de octubre (folios 1 a 4) y a las 9:41 horas del 20 de diciembre de 1999 (folios 8 a 13) los accionantes demandan la inconstitucionalidadde los artículos 107, original, y 132 inciso 1°, reformado por Ley #4349 de 11 de julio de 1969, de la Constitución Política, y 6° inciso 1° del Código Electoral, por cuanto consideran que estas normas restringen ilegítimamente los derechos políticos fundamentales, pasivo, de ser reelecto —sucesivamente— como Diputado a la Asamblea Legislativa y de ser reelecto —en cualquier tiempo— como Presidentede la República, o electos en este último cargo sus parientes inmediatos y determinados funcionarios, así como, activo, de todos los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes; con lo cual consideran que se infringen específicamente los artículos 23 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto consagran los derechos de todos los ciudadanos de elegir y ser electos a loscargos de representación popular, en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de su voluntad, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas; destacando que, conforme al mismo artículo 23 párrafo 2°,

“la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos yoportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”;

de manera que en ningún sentido se contemplan hipótesis de parentesco o de haber servido o estar sirviendo determinados cargos. En consecuencia, a juicio de los accionantes, las prohibicionescontenidas en las normas impugnadas no figuran entre las permitidas por la Convención. Arguyen que todo derecho fundamental exige ser interpretado de la forma más amplia posible, que toda norma que alimente o favorezca la libertad del ser humano debe ser entendida extensivamente, jamás en forma restrictiva, y todo conflicto de normas que la involucre resuelto a su favor. El derecho de votar oelegir y de ser electo significa, además, la delegación en cada ciudadano de una cuota de la soberanía nacional, de modo tal que no puede ser limitado por nada ni nadie, toda vez que representa un atributo inherente para determinar, con toda libertad y por propia decisión, la dirección política de su Estado, mediante la designación libre y secreta de sus gobernantes, y el derecho ilimitado depostularse a todo cargo de elección popular, sin restricción ni discriminación alguna. Los derechos reclamados en este proceso son fundamentales del hombre de carácter universal, que como tales deben prevalecer incluso sobre las limitaciones constitucionales. Se argumenta, también, como aspecto formal o procesal, que en la tramitación de la reforma constitucional que incorporó la prohibición de reelecciónde los Expresidentes de la República se incurrió en una grave violación al procedimiento legislativo, en cuanto que la comisión legislativa creada para dictaminar sobre la reforma se integró el 7 de junio de 1966, se instaló el 16 del mismo mes y no rindió su informe hasta el 15 de julio, con lo que excedió el plazo de ocho días —e incluso el de veinte extendido después, desde 1977—, razón...
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