Juzgado De Camaná

ÁMBITO DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA CONCILIACIÓN.
1. CONVENIENCIA DE LA OBLIGATORIEDAD.

Somos de la idea que el régimen de obligatoriedad de la conciliación adoptado por el legislador resulta muy ventajoso si consideramos que el esquema de facultatividad implementado de manera previa condenaba al fracaso de la institución conciliadora toda vez que no se fomentaba la concurrencia efectiva de laspartes ni mucho menos propiciaba la realización de audiencias de conciliación efectivas, entendidas como las audiencias de conciliación en las que se cuenta con presencia de ambas partes, independientemente de llegar o no a un acuerdo conciliatorio. Aunque hay que señalar que este tema siempre será motivo de interesantes discusiones respecto de su conveniencia.

Por citar un ejemplo, JusticiaViva –proyecto ejecutado por el consorcio integrado por el Instituto de Defensa Legal, la Facultad y Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la Asociación de Jueces Para la Justicia y Democracia- en un documento elaborado en el año 2003, consideraba que existían motivos fundados para evaluar la derogatoria del carácter obligatorio de la conciliación extrajudicial,básicamente porque no se había reducido la carga procesal sino que se había creado un requisito burocrático para acceder al Poder Judicial, puesto que los litigantes habían percibido que la conciliación extrajudicial era un trámite previo que debe ser cumplido, aunque ellos no entiendan bien por qué . Expone, además, que ni los abogados ni los conciliadores habían sido capaces de exponer lasventajas de un arreglo previo al inicio de un proceso judicial, con lo que el resultado natural de esta situación ha sido la escasa asistencia a las audiencias de conciliación, lo que se traduce a su vez en el incremento de los costos para el ciudadano que tiene necesidad de pasar por los tribunales de justicia, costos no solamente económicos sino que también se refieren al tiempo que se le debededicar a un trámite que resulta infructuoso.

En este mismo sentido, Ricardo Herrera Vásquez llega a señalar que algunos autores estiman que los medios alternativos de resolución de conflictos (uno de los cuales es la conciliación) constituyen una seria limitación al principio constitucional de la función jurisdiccional, deviniendo en inconstitucionales, puesto que si el Estado debe garantizar quetodo ciudadano pueda acceder inmediatamente al servicio de administración de justicia, establecer etapas intermedias forzosas como un intento de conciliación pre-judicial, resultaría en principio enervante del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, peor todavía si la parte contractualmente fuerte puede imponerse a la débil y enervar su derecho a la tutela judicial efectiva,considerándose que aun cuando se asuma que los medios alternativos de resolución de conflictos no lleguen a configurar un atentado directo contra la tutela judicial efectiva, ocasionan un retraso considerable en la emisión del futuro pronunciamiento judicial ante su eventual inoperancia para solucionar el conflicto, por lo que atentaría contra el debido proceso legal, plasmación de la tutelajudicial efectiva, por lo que de todos modos habría un atentado indirecto .

Sin embargo, prosigue el Dr. Herrera Vásquez, desde otra perspectiva los medios alternativos de resolución de conflictos no contravendrían la tutela judicial efectiva. Si se plantea la optimización de las relaciones económicas en función a los postulados de la autocomposición del conflicto, donde las partes sean capaces deresolver individual o colectivamente las patologías del sistema, se podría llegar a dicha aseveración. Desde este punto de vista, la excesiva judicialización de los conflictos no contribuye al saneamiento del sistema económico. Así, es clara la posible confrontación entre dos postulados constitucionales: la tutela judicial efectiva (señalada en el artículo 139 numeral 3 de la Constitución) y la...