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I. ANTECEDENTES
Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efecto de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión.
1. Solicitud
Elciudadano Edgar Artunduaga Sánchez, actuando a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva -Sala Penal-, con el fin de proteger sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política.
2. Hechos
Afirma el representante del actor que, en su calidad deapoderado del señor Edgar Artunduaga Sánchez, en el mes de junio de 1994 formuló ante la Fiscalía General de la Nación (Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de la ciudad de Neiva), querella penal contra los señores Marleny Ramírez y Rafael Trujillo, por el supuesto delito de hurto entre condueños. La razón aducida por el denunciante era que entre los querellados, quienes para esaépoca eran los suegros del señor Artunduaga, y éste último, se había constituido una sociedad de hecho con el fin de licitar y explotar conjuntamente unas emisoras radiales, una de las cuales fue enajenada sin el consentimiento del señor Artunduaga, tipificándose la conducta penal señalada.
El proceso fue asignado a la Fiscalía 37 local de Neiva, la cual dictó medida de aseguramiento contra lossindicados consistente en detención domiciliaria, decisión que fue repuesta por el apoderado de los sindicados. En el trámite de dicho recurso, el fiscal 37, quien había sido reemplado temporalmente en el ejercicio de su cargo, revocó la medida de aseguramiento y precluyó la investigación penal. Contra esta decisión el apoderado del querellante interpuso el recurso de reposición, que fue resueltofavorablemente al recurrente por el fiscal 37 (el titular) y por tanto, se revocó la preclusión de la investigación y se confirmó la medida de aseguramiento.

Afirma el apoderado del actor que como en el presente caso no se hallaba proceso civil en curso, lo cual, según él se hace evidente ante la existencia de la parte civil dentro del proceso penal, se extiende la competencia del fiscal hasta elpunto de decidir las cuestiones extrapenales surgidas, es decir, declarar la existencia de una sociedad de hecho entre los querellados y el actor, elemento definitivo en la adecuación típica de la conducta supuestamente delictiva, y a lo cual ni siquiera se refirió el fiscal acusado, en abierta contradicción con el artículo 36 del C.P.P, que establece que la preclusión de una investigación penalsólo puede darse cuando aparezca plenamente probada la atipicidad de la conducta imputada.
De otro lado, el actor señala que el fiscal de la causa, a la fecha de proferir la decisión materia de la presente tutela, se desempeñaba como rector honorario de la Universidad Cooperativa de Colombia de Neiva, mientras que el apoderado de los sindicados era el decano de la Facultad de Derecho de la mismauniversidad; y aunque dicho apoderado renunció al poder conferido, luego de presentado el recurso de apelación, el actor considera que éste fue resuelto por el "íntimo amigo", por lo cual estima que se halla incurso en un prevaricato por omisión al no haberse declarado impedido para conocer del recurso.
Por lo anteriormente expuesto, estima que el funcionario acusado vulneró el ordenamiento jurídicoy cometió los delitos de prevaricato por acción y por omisión, al proferir una decisión judicial en manifiesta contradicción con el ordenamiento penal, por lo cual fue denunciado penalmente.
3. Pretensiones
El actor solicita, que como resultado de la tutela a sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia, se deje sin efecto la decisión de junio 11 de 1996, dictada...