La Falta De Reconocimiento De Los Estándares Internacionales Sobre Prisión Preventiva En La Justicia Uruguaya*

La Falta de Reconocimiento de los Estándares Internacionales sobre Prisión Preventiva en la Justicia Uruguaya*
Diego Camaño Viera**

Este comentario, junto a los documentos que analiza, está disponible en www.anuariocdh.uchile.cl

i. introducción

La incorporación normativa de diversos instrumentos de derechos humanos ha sido una práctica
histórica del Uruguay, que se ha posicionado entrelos países con mayor cantidad de ratificaciones de tratados sobre la materia. Sin embargo, esta práctica no ha generado cambios sustanciales en el ejercicio del poder y en la aplicación del derecho puertas adentro, tanto a nivel ejecutivo como legislativo y judicial.

Por otra parte, esta brecha entre la incorporación formal y la efectividad real de los derechos humanos implica una frustraciónde la expectativa de universalidad del derecho internacional. Si el derecho internacional se ha inspirado en la idea del “ciudadano del mundo” mediante el reconocimiento de una serie de derechos a cualquier persona –independientemente del Estado que ejerza jurisdicción–, entonces resulta evidente que el Uruguay, al aplicar un status jurídico diferenciado ha reducido el umbral de protección delderecho internacional. En la práctica interna esto se traduce en la falta de aplicación de los estándares internacionales. El caso de la prisión preventiva es paradigmático. La justicia uruguaya ha prestado oídos sordos a los textos que regulan los límites al encarcelamiento cautelar1, así como también a los estándares establecidos por los órganos encargados de la supervisión de los tratados. Tantolos informes de la Comisión Interamericana [en adelante CIDH] como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [en adelante CtIDH] son un área inexplorada por parte de los tribunales locales, que siguen aplicando el derecho con la mira puesta exclusivamente en el estrecho campo de su producción doméstica. Esto implica no sólo una grave afrenta al auténtico valor jurídico delderecho internacional (que de este modo queda reducido en el ámbito interno a un “no derecho”) sino, ante todo, una fuente de graves violaciones a los derechos humanos de los detenidos, que por el sólo hecho de ser juzgados en el Uruguay se ven privados del reconocimiento de derechos fundamentales (por ejemplo, el derecho a no ser sometido a un encarcelamiento indeterminado); o deben sufrir la lisa yllana destrucción del principio de inocencia, toda vez que el legislador –sustituyendo ilegítimamente al juez– establece la prisión preventiva obligatoria para todos los delitos cuya pena mínima legal sea de al menos dos años de penitenciaría.

* El presente trabajo fue realizado sobre la base de un estudio más amplio, titulado “Límites normativos de la duración de la prisión preventiva”,publicado en la Revista de Derecho Penal Nº 16. FCU, Montevideo, 2006. ** Abogado, Profesor Adjunto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR).
1

Convención Americana sobre Derechos Humanos [en adelante CADH] y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [enadelante PIDCP].

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Anuario de Derechos Humanos 2007

Ciertamente, existen derechos reconocidos en instrumentos internacionales cuya justiciabilidad sólo ha tenido hasta el presente una aceptación teórica, como es el caso de los derechos económicos, sociales y culturales [en adelante DESC]. Y ello sin perjuicio de la reciente jurisprudencia interamericana en diversos casos sobre comunidadesindígenas, en los que se han registrado avances importantes en este sentido2. Se ha dicho con razón3 que no hay una diferencia estructural entre los DESC y los derechos civiles y políticos [en adelante DCP], dado que ambos implican prestaciones positivas y negativas a cargo del Estado. Sin embargo, pocas esperanzas pueden cifrarse en un pleno reconocimiento de los DESC si ni siquiera están dadas...
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