La Prescripción De La Acción Penal Como Causal De Impericia, Negligencia, Omisión De Deberes Y/O Mal Desempeño En El Ejercicio De Un Cargo Jurisdiccional
Páginas: 63 (15687 palabras)
Publicado: 10 de junio de 2012
LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL COMO CAUSAL DE IMPERICIA, NEGLIGENCIA, OMISIÓN DE DEBERES Y/O MAL DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE UN CARGO JURISDICCIONAL.
Por Alejandro Díaz Lacoste [1].
Un comentario breve y general a propósito del Caso Torea
El incumplimiento de un deber del estado no puede generar un daño a los justiciables [2].
El estado -según es sabido, por intermediode sus funcionarios competentes - tiene el deber promover la persecución penal. Y, en su virtud, es el primer obligado en preservar las acciones procesales que hacen al cumplimiento adecuado de su ministerio. Tal competencia no puede ser abandonada [3] por razones de orden público y constitucional. El primer deber -anterior mismo al de “declarar de oficio” que se ha cumplido el término deprescripción de una acción criminal- lo constituye, entonces, el ejercicio de la facultad-deber procesal de impulsar el proceso.
La omisión de los magistrados de cualquier instancia en preservar la acción procesal (y no solo del Ministerio Público Fiscal, como algunos suelen considerar en el marco del sistema acusatorio [4]) constituye un incumplimiento material de aquellos deberesconstitucionales y legislativos, para cuya consecución habían prestado formal juramento legal.
Y si bien es cierto que “al imputado le asiste el derecho” constitucional de: a. no ser injustamente perseguido; b. no ser perseguido más allá del plazo prescriptivo; c. no ser perseguido dos veces por el mismo hecho; d. no ver prolongado el tiempo del proceso (y menos de la llamada “prisiónpreventiva” -juicio sumarísimo he dicho en alguna oportunidad-) por un tiempo que exceda “lo razonable” [5]; no menos cierto es que, últimamente, se ha puesto el fiel de la balanza excesivamente en desmedro de las personas y familias afectadas por la comisión de un delito.
No se trata por cierto de prescindir de la tutela adecuada de derechos con cobertura constitucional e internacional. De“nadie y ninguno”. Se trata de ponderar, de un lado, que ningún derecho es absoluto (art. 28 CN y antiquísima doctrina de la CSJN); y que, de otro lado, a los damnificados o querellantes -no solo a los imputados, procesados o condenados- también les asiste el derecho a la jurisdicción, y el derecho al conocimiento de la verdad, a la reparación integral y el acceso a la posibilidad misma desatisfacer su axiológica aspiración de afianzar la justicia; derechos estos todos de análoga expresión y con similar raíz constitucional [6]. Los cuales, no pudiendo ser despreciados ni desplazados injustificadamente por el órgano constitucional que aplica las leyes, aunque asuman formas diversas que las prerrogativas que ostenta todo imputado, es indudable que existen.
La cobertura básica deesta tutela se afinca en la preservación de la acción; como mínimo[7].
Es más: el incumplimiento de aquella obligación jurisdiccional de preservar la acción (carga de orden público que, hasta de modo oficioso se debe poner en marcha), no puede de ningún modo descargarse en detrimento de quien, como damnificado por un delito, tiene también derecho al proceso. Art. 16 de la Constitución, pormucho que algunos fallos hayan mantenido la diversa categorización de víctimas y victimarios ante la jurisdicción.
No es aceptable bajo tales premisas la renuncia consciente al ejercicio de las competencias que, a su cargo, tienen Jueces y miembros del Ministerio Público Fiscal [8]. Los delitos y las faltas por omisión (propia o impropia) desde hace ya tiempo que han sido bienconceptualizados por el derecho penal. A veces, lamentablemente, ellos se reflejan en la abstención de algunos magistrados en el sentido de adoptar un temperamento de mérito, en un tiempo razonable, que permita a ambas partes del proceso -al menos- la puesta en acto de las vías recursivas previstas por el legislador, o el archivo del pleito, siempre en tiempo anterior al cumplimiento mismo del plazo...
Por Alejandro Díaz Lacoste [1].
Un comentario breve y general a propósito del Caso Torea
El incumplimiento de un deber del estado no puede generar un daño a los justiciables [2].
El estado -según es sabido, por intermediode sus funcionarios competentes - tiene el deber promover la persecución penal. Y, en su virtud, es el primer obligado en preservar las acciones procesales que hacen al cumplimiento adecuado de su ministerio. Tal competencia no puede ser abandonada [3] por razones de orden público y constitucional. El primer deber -anterior mismo al de “declarar de oficio” que se ha cumplido el término deprescripción de una acción criminal- lo constituye, entonces, el ejercicio de la facultad-deber procesal de impulsar el proceso.
La omisión de los magistrados de cualquier instancia en preservar la acción procesal (y no solo del Ministerio Público Fiscal, como algunos suelen considerar en el marco del sistema acusatorio [4]) constituye un incumplimiento material de aquellos deberesconstitucionales y legislativos, para cuya consecución habían prestado formal juramento legal.
Y si bien es cierto que “al imputado le asiste el derecho” constitucional de: a. no ser injustamente perseguido; b. no ser perseguido más allá del plazo prescriptivo; c. no ser perseguido dos veces por el mismo hecho; d. no ver prolongado el tiempo del proceso (y menos de la llamada “prisiónpreventiva” -juicio sumarísimo he dicho en alguna oportunidad-) por un tiempo que exceda “lo razonable” [5]; no menos cierto es que, últimamente, se ha puesto el fiel de la balanza excesivamente en desmedro de las personas y familias afectadas por la comisión de un delito.
No se trata por cierto de prescindir de la tutela adecuada de derechos con cobertura constitucional e internacional. De“nadie y ninguno”. Se trata de ponderar, de un lado, que ningún derecho es absoluto (art. 28 CN y antiquísima doctrina de la CSJN); y que, de otro lado, a los damnificados o querellantes -no solo a los imputados, procesados o condenados- también les asiste el derecho a la jurisdicción, y el derecho al conocimiento de la verdad, a la reparación integral y el acceso a la posibilidad misma desatisfacer su axiológica aspiración de afianzar la justicia; derechos estos todos de análoga expresión y con similar raíz constitucional [6]. Los cuales, no pudiendo ser despreciados ni desplazados injustificadamente por el órgano constitucional que aplica las leyes, aunque asuman formas diversas que las prerrogativas que ostenta todo imputado, es indudable que existen.
La cobertura básica deesta tutela se afinca en la preservación de la acción; como mínimo[7].
Es más: el incumplimiento de aquella obligación jurisdiccional de preservar la acción (carga de orden público que, hasta de modo oficioso se debe poner en marcha), no puede de ningún modo descargarse en detrimento de quien, como damnificado por un delito, tiene también derecho al proceso. Art. 16 de la Constitución, pormucho que algunos fallos hayan mantenido la diversa categorización de víctimas y victimarios ante la jurisdicción.
No es aceptable bajo tales premisas la renuncia consciente al ejercicio de las competencias que, a su cargo, tienen Jueces y miembros del Ministerio Público Fiscal [8]. Los delitos y las faltas por omisión (propia o impropia) desde hace ya tiempo que han sido bienconceptualizados por el derecho penal. A veces, lamentablemente, ellos se reflejan en la abstención de algunos magistrados en el sentido de adoptar un temperamento de mérito, en un tiempo razonable, que permita a ambas partes del proceso -al menos- la puesta en acto de las vías recursivas previstas por el legislador, o el archivo del pleito, siempre en tiempo anterior al cumplimiento mismo del plazo...
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