La protesta social

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Se escoge para el análisis los apartados 124 al 133 LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PROTESTA que hacen parte del capítulo 5 (desarrollo de los derechos humanos en la región – Colombia) del INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2008 de la Organización de los estados americanos.

El objetivo del trabajo es visibilizar una práctica

que se llevando a cabo en colombiay que hajuicio de los expertos esta violando los derechos humanos

V.         LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PROTESTA SOCIAL

 
 
124.          A lo largo del 2008 la Comisión ha recibido información sobre agresiones contra periodistas y personas que en ejercicio de su libertad de expresión exponen opiniones críticas o disidentes tales como Pedro Antonio Cárdenas[175], Pedro José SevericheAcosta[176], Sandra Patricia Troncoso[177], Lila Leyva y Evelin Coba Vides[178].  En algunos casos, las agresiones fueron instigadas por funcionarios públicos en busca de impedir la divulgación de cierta información.  Asimismo, la CIDH ha recibido información sobre agresiones en el marco de marchas o manifestaciones públicas o particulares[179].
 
125.          La CIDH también tuvoconocimiento de por lo menos 20 casos de periodistas amenazados por razones presuntamente ligadas al ejercicio de su profesión.  En la mayoría de los casos las amenazas se presentan luego de la publicación o emisión de noticias sobre presuntos hechos de corrupción en las administraciones locales.[180]  En esa misma línea, la CIDH expresa su preocupación por la expedición de “panfletos” firmados porpresuntos miembros de grupos armados.  El 11 de marzo de 2008, en el municipio de Manaure (Guajira), circuló un “panfleto” bajo la presunta autoría del grupo denominado “Águilas Negras” en el cual se declaraba al periodista Kenneth Rivadeneira y a ocho personas más de la región como objetivo militar[181].  Así, la Comisión ha recibido información de que en varios casos las amenazas han obligado a loscomunicadores a abandonar sus hogares.  El informe estatal señala en este punto que el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia destina cerca de 764.000 dólares anuales a proteger periodistas amenazados[182].
 
126.          La Comisión observa con preocupación que muchas de estas amenazas buscan ejercer un efecto intimidatorio no sólo en el periodista sino en el mediopara el cual trabaja.  Lo anterior, aunado al hecho de que la mayor parte de las amenazas suceden en zonas departamentales, lleva a la conclusión que dichas amenazas puedan tener por objetivo el cierre de emisoras de carácter comunitario.  La Comisión reitera que de acuerdo con el Principio No. 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión “el asesinato, secuestro, intimidación,amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.  Igualmente, la Comisión reitera que, tal como lo expresara la Relatoría para la Libertad de Expresión, este tipo de amenazas contribuyen a crear un clima que favorece la autocensura.[183]
 127.          La Comisión advierte con preocupación la existencia de expresiones de altos funcionarios públicos que tienden a generar un ambiente de intimidación que puede inhibir dramáticamente la libre expresión de personas que no coinciden con las políticas del Gobierno e inducir a situaciones de extrema gravedad como las que se mencionan a continuación.  Los días 10 y 11 de febrero de 2008, unasesor presidencial,[184] descalificó una marcha convocada para el 6 de marzo de 2008 para honrar a víctimas de grupos paramilitares, afirmando que ésta habría sido convocada por las FARC.  Adicionalmente, el alto funcionario asoció a los organizadores de la manifestación con dicho grupo ilegal[185]. Posteriormente, a través de comunicados de prensa, la Presidencia se comprometió a garantizar la...
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