La Vida

Resulta paradójico que la democracia participativa -uno de los ejes de la Constitución del 91- nunca haya estado tan débil como ahora. Un recuento riguroso de los avances, los logros, lasdificultades y la esperanza de una norma mejor.
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Colombia necesita una nueva Ley Estatutaria de Participación. El marco legal vigente tiene serias limitaciones: enprimer lugar, la ley 134 de 1994 se refiere exclusivamente a los mecanismos de participación directa (referendo, consulta popular, revocatoria del mandato, plebiscito, iniciativa legislativa, cabildoabierto), dejando por fuera el amplio espectro de instancias de participación ciudadana en la gestión pública, especialmente en el nivel municipal. Tales instancias han sido creadas a través de una grancantidad de leyes, expedidas en los últimos veinte años, que configuran un universo disperso que, si bien motivó en un comienzo la participación ciudadana de sectores hasta entonces desinteresados enlos asuntos públicos, terminó por fragmentar la acción ciudadana y generar conductas corporativas que han transformado y, en ocasiones, vulnerado, el sentido democrático de la participación ciudadana–segunda limitación.

Además, las normas vigentes no incluyen incentivos ni condiciones que muevan a una ciudadanía tradicionalmente apática a intervenir en los debates y en las decisiones públicas. Porel contrario, tienden a generar un cierto grado de frustración en la medida en que el esfuerzo ciudadano no se ve compensado por la posibilidad real de incidir en las decisiones de los gobernantes enmateria de políticas públicas y de asignación de recursos, debido a que el alcance de los dispositivos creados es generalmente consultivo, de iniciativa o de fiscalización, no de concertación odecisión.
Esto ha producido, de una parte, una desconfianza del ciudadano común y corriente en los espacios de participación existentes y, de otra, la apropiación de estos últimos por una élite de la...